Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Una petición a todas luces fuera de lugar.
Y tiene como propósito seguir utilizando la prisión preventiva oficiosa para que los caprichos del Gobierno federal se cumplan y todos los “adversarios” paguen sus culpas o presuntas culpas.
Se trata de una carta firmada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al “pueblo de México”, en la que solicitan permanezca la medida.
Esto, en virtud de que el ministro Luis María Aguilar Morales propondrá declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, por contravenir los principios constitucionales que rigen esta figura, así como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
El documento dado a conocer por la Secretaría de Gobernación explica que la petición es “(…) para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”.
Del texto se desprende que se busca evitar, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, agrega.
Y luego viene el descontón:
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, señaló el Gobierno.
¿Quiénes imponen la prisión preventiva oficiosa?
¡Los jueces!
Si los ministros de la SCJN deciden cancelar la medida, sus razones tendrán. Jurídicas, por supuesto. Sería atroz suponer que entraran en la misma bolsa de los jueces que, como dice el texto, los expondría a la corrupción.
La petición rompe con el respeto e independencia de otro poder. ¿Qué pensarían el Presidente o el secretario de Gobernación si desde la Corte les enviaran una petición en los mismos términos para otros asuntos?
Se pone en evidencia de nueva cuenta que la afirmación del presidente López en el sentido de que el Ejecutivo no será más “el poder de poderes”, es falsa y simplemente trató de llenar el expediente de un supuesto respeto a la independencia de los otros dos Poderes: el Legislativo y el Judicial.
Los argumentos esgrimidos en la carta, parecería establecer que el león cree que todos son de su condición.
Cada día se advierte más la clara intención de impedir que la Justicia se mantenga dentro del marco de las leyes para poder encarcelar a todos los adversarios.
Ojalá y los 11 ministros, 4 de ellos mujeres, no se dejen amedrentar y reflexionen la propuesta que tiene, a luces vista, detener las atribuciones de los mismos jueces federales y del fuero común que conforme a sus criterios, los imputados merecen la prisión preventiva oficiosa.
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