Los abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, demandaron a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y su exdirector Mike Pompeo, los que acusan de haber grabado sus conversaciones y copiado el contenido de sus teléfonos y ordenadores.
Los litigantes y dos periodistas que se sumaron a la acción judicial, todos estadounidenses, denuncian que la CIA violó el derecho constitucional a la protección de las conversaciones confidenciales, en este caso con Julian Assange, que es australiano.
Dicen que la CIA trabajó con una empresa de seguridad contratada por la embajada ecuatoriana en Londres, donde Assange vivía en ese momento, para espiar al fundador de Wikileaks, sus abogados, periodistas y otras personas con las que se reunía.
Assange fue detenido por la policía británica en 2019 tras refugiarse durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces está encarcelado en Belmarsh, cerca de la capital británica.
El 17 de junio, el gobierno británico anunció que firmó el decreto para su extradición a Estados Unidos, una decisión que fue recurrida por Assange.
Estados Unidos le acusa de publicar documentos militares y diplomáticos estadounidenses en 2010 relacionados con las guerras de Afganistán e Irak, unos cargos por los que podría ser condenado a hasta 175 años de prisión.
Robert Boyle, el abogado que representa a los demandantes, asegura que el presunto espionaje a los letrados de Assange implica que «se ha viciado, si no destruido» el derecho del fundador de Wikileaks a un juicio justo.
«La grabación de reuniones con amigos, con abogados y la copia de la información digital de sus abogados y amigos vicia la persecución penal porque ahora el gobierno conoce el contenido de esas comunicaciones», dijo Boyle a los periodistas.
«Tiene que haber sanciones, llegando hasta la desestimación de esos cargos, o el retiro de una solicitud de extradición en respuesta a estas actividades flagrantemente inconstitucionales», añadió.
La demanda fue presentada por las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek, y los periodistas Charles Glass y John Goetz.
Todos visitaron a Assange cuando vivía en la embajada ecuatoriana en Londres, que le otorgó asilo político antes de retirárselo años después.
La demanda cita a la CIA, al exdirector de la agencia y exsecretario de Estado de Estados Unidos Pompeo y a la compañía de seguridad Undercover Global y su director ejecutivo, David Morales Guillén.
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Sostiene que Undercover Global, una empresa con sede en España que tenía un contrato de seguridad con la embajada, se apropió de la información de sus dispositivos electrónicos y se la proporcionó a la CIA.
Además colocó micrófonos en la embajada y envió grabaciones, así como imágenes de cámaras de seguridad, a la CIA.
Pompeo «estaba al tanto y aprobó» esta colecta de información, según un documento judicial que precisa que Undercover Global fue contratada por la CIA en 2017.
