A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Hay quienes se preguntan ¿de qué lado del narco están oficialmente los militares que están combatiéndolo en el centro de la República Mexicana?
Y la pregunta tiene su razón de ser, porque pareciera que hay una selección para atacar militarmente a los carteles y el gran proscrito vendría siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, que aun comanda “El Mencho”, quien comete las mismas aberraciones que los demás contra sus enemigos, sean los oficiales o los de otras organizaciones criminales.
De ser así, México estaría siendo un narcoestado que oficialmente ataca a los que no están contemplados en los supuestos “acuerdos”.
Sin embargo, en lo general, los hechos registrados la semana pasada en Jalisco y Guanajuato, entidades en las que fueron acometidos grupos del narcotráfico y, como consecuencia, incendiaron gasolinerías, tiendas de servicio y demás en diversas poblaciones, nos hablan de que grosso modo sucede lo mismo que hace 16 años cuando se le declaró “la guerra” al narco, sólo que ahora sin mencionar la palabra censurada.
Pero, hay quienes aseguran que desde Estados Unidos ya la apretaron las tuercas al gobierno mexicano en materia de carteles, ya que en lo que va del sexenio han nacido nuevos grupos y se han reforzado otros tantos. Todos, con reclutamiento de adolescentes y niños.
TIEMPOS SIMILARES
AL SEXENIO 2006-2012
De acuerdo con el mapa dado a conocer por el Congreso de Estados Unidos, los principales carteles (hoy en pugna) son el propio CJNG y el de Sinaloa. No hace falta ser mago para darse cuenta de qué lado están las autoridades.
¿Entonces la lucha es entre narcos proscritos y narcos uniformados?
No se sabe con exactitud, pero son tiempos muy similares a los ya vividos entre 2006 y 2012 en México, con un gran ingrediente en expansión.
De ahí que la sangre derramada en Jalisco y Guanajuato nos habla (aunque sin admitirlo) de que está en marcha una guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sea o no de tal manera, es inconmensurable. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU tenía razón cuando al concluir su visita a México, en abril de 2019, dijo:
“México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006”.
Hoy el asunto está peor, indudablemente derivado de la expansión del CJNG, el que ya opera en tres cuartas partes de la República Mexicana. A saber: Colima, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Nayarit, Zacatecas, San Luís Potosí, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.
Sólo le falta llegar a los cotos de otros carteles, como son las entidades: Nuevo León, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Yucatán, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
En este siglo, además, los carteles (ya se sabe) se han incrementado y además del CJNG y de decenas de grupúsculos están los antiguos: De Sinaloa, Del Golfo, Beltrán Leyva, Los Zetas, Del Noroeste, Caballeros Templarios, Los Viagra, la Familia Michoacana, Los Rojos, De Tijuana y De Juárez.
RESPUESTA INFANTIL:
“QUIERO SER NARCO”
El triste asunto es, además, que para conformar los ejércitos de narcotraficantes utilizan la vulnerabilidad física, emocional y económica de niños y adolescentes, para llevar a cabo una “leva”.
Aunado a ello, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano, “… la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 es otro factor importante que considerar, debido a que con su aparición, uno de los posibles factores detrás del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes podría acrecentarse”.
Añade: “De acuerdo con datos oficiales, “la pobreza en México alcanzará al 50.6 por ciento de la población, un repunte de 9 puntos porcentuales respecto a los niveles de 2018 cuando se ubicó en 41.5 por ciento” (Hernández, 21 de marzo 2021)”.
También dice, a manera de advertencia:
“En este escenario se prevé que al menos 800 mil alumnos de secundaria dejaron inconclusos sus estudios, o no ingresarán al siguiente nivel educativo, por buscar opciones laborales que les permitan subsistir (Wong, 25 junio 2020), lo cual, como señala Jorge Cisneros, puede representar un riesgo para que niñas, niños y adolescentes encuentren en actividades ilegales una forma de vida (Cisneros, 2014) y, los grupos delictivos, a su vez, encuentren en ellos y ellas, nuevos reclutas”.
Y resaltan la respuesta de un niño en una entrevista ante la pregunta de un académico:
“Oye ¿Tú qué quieres ser cuando seas grande?”
“Yo quiero ser narco” dice, así, son despatarrados cuando expresan este tipo de cosas, sin mayor escrúpulo. “¿Qué quieres ser? ¡Yo quiero ser narco, sí, y quiero traer mi camionetón, a mi mamá le quiero comprar una buena casa, darle su dinerito” dice “Oye, pero ¿Y qué tal si te matan?” dice “Bueno, si me matan, espero que [no] me maten antes de que yo le dé todo esto que mi mamá necesita”.
El Observatorio Nacional Ciudadano, también reflexiona, al exponer:
“Detrás de la concepción de vida que tienen las personas menores de 18 años de la participación en actividades delictivas hay al menos dos tipos de casos: quienes han asimilado positivamente los riesgos que ello conlleva y quienes han sido engañados respecto a lo que puede o no sucederles. Esto es aplicable tanto en el caso de que sean reclutados y utilizados por grupos familiares, pandillas u organizaciones delincuenciales. Sin importar cual sea el caso hay que señalar que las niñas, niños y adolescentes:
“…son victimizados y sufren de violaciones a sus derechos como la vida e integridad personal, que se materializan en actos como tortura, lesiones, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes. En contraste con la idea que tienen al ingresar a estos grupos, deben afrontar circunstancias peores a las que vivían y son forzados a habituarse a situaciones de horror, de guerra y extrema violencia o a presenciar y ser actores de crímenes (Ramírez-Huertas, 2017)”.
Además, menciona:
“Al ser parte de grupos delictivos y ejecutar actividades relacionadas para dichos fines, las niñas, niños y adolescentes se convierten en víctimas. Sin embargo, es indispensable partir de la premisa de que “no pueden decidir, son coaccionados, impulsados inclementemente a ser parte de grupos irregulares” (Ramírez, 2010).
Expone al respecto, que la UNICEF señala:
“Los niños o niñas acusados de delitos según el derecho internacional supuestamente cometidos mientras estaban vinculados con grupos o fuerzas armadas deberán ser considerados en primer lugar como víctimas de delitos contra el derecho internacional, no solamente como perpetradores. Por tanto, deberán ser tratados de acuerdo con las normas internacionales en un marco de justicia restaurativa y rehabilitación social, en concordancia con el derecho internacional que ofrece a la infancia una protección especial a través de numerosos acuerdos y principios (UNICEF, 2007)”.
LAS FALLAS
DEL ESTADO
¿Y qué lleva a estos grupos infantiles hacia ese tipo de peligros?
Muchas cuestiones, pero…
“Otro factor que juega de manera importante a favor de la vinculación infantil a grupos armados es el abandono y la violencia familiar o negligencia de cuidados por parte de los progenitores. En este sentido, cerca del 25 por ciento de las niñas y niños desvinculados no convive con ninguno de sus padres. En este sentido, las y los niños que fueron abandonados por sus padres pasan a estar bajo los cuidados de otros familiares o personas externas al círculo familiar cuyos cuidados no siempre son los óptimos o enfrentan situaciones económicas más complejas. Esto provoca que sean más fácilmente seducidos o llevados por la fuerza y enrolados en las filas de estos grupos.”
En todo este asunto, lo señalado por el mencionado organismo es toral:
“Resulta claro que los grupos delictivos han encontrado formas de reclutar e involucrar a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas. Sin embargo, ese involucramiento también forma parte de las fallas del Estado que actúan favorablemente a los intereses de los grupos delictivos. En ese sentido, la inexistencia de mecanismos que permitan la detección preventiva de casos en los que participan niños, niñas y adolescentes en las filas de los grupos delictivos, y el seguimiento adecuado una vez que las autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito tienen conocimiento de las prácticas ilícitas en las que se ven involucrados, resultan en discrepancias que acrecientan la disfuncionalidad, ya sea por su carencia de análisis, o bien, inmediatez”.
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca del narco.
