La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la campaña de “traidores a la patria” encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y diputados de Morena contra legisladores de oposición por el rechazo de la reforma eléctrica, fue calumniosa y les impuso diversas sanciones.
Por las acusaciones consideradas injuriosas de Mario Delgado, presidente morenista; la senadora con licencia Citlalli Hernández; el secretario de Comunicación del partido, Diego Alberto Hernández Gutiérrez; y Pedro Hernández Jiménez, dirigente en Tabasco, la Sala Regional del TEPJF impuso una multa a Morena de 57 mil 732 pesos, en tanto que a los militantes mencionados de 19 mil 244 pesos.
En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y debido a su “régimen excepcional, los magistrados sólo emitieron un llamado para hacerle de su conocimiento que dada la importancia de su cargo debe de mantener un deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, es decir, le solicitó abstenerse de emitir declaraciones similares.
Finalmente, para la jefa de Gobierno y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, la Sala Especializada turnó la sentencia al Congreso de la Unión para que sea el poder Legislativo el que determine las sanciones correspondientes.
Aunque todavía se pueden apelar en la Sala Superior, los magistrados consideraron por unanimidad que la campaña liderada por el mandatario federal, en la que se criticó a los diputados que no aprobaron la reforma constitucional, incurrió en la emisión de propaganda con contenido calumnioso, ya que se acusó a los legisladores de cometer un delito que es contemplado en la Constitución y que está penado con hasta 40 años de cárcel.
En la argumentación de su voto a favor del proyecto, la magistrada Gabriela Villafuerte expuso un fallo previo de la Sala Superior del Tribunal en el que consideró que, por su investidura, los funcionarios públicos tienen la obligación de mantener una neutralidad, algo que no hicieron el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum e Ignacio Mier.
“No debe excluirse, sin una investigación previa de las y los servidores públicos, de la prohibición constitucional que se analiza, es decir, calumnia, ya que derivado de su investidura y de su posición frente a la ciudadanía se les exige mayor grado de neutralidad en los procesos electorales”, señaló.
En abril, previo a que fuera votada la reforma eléctrica en el Congreso, el presidente López Obrador amenazó con exponer fotografías de todos los legisladores que se posicionaran en contra de su iniciativa, sin embargo, después de que no consiguió la votación necesaria, el mandatario federal se limitó a llamarlos “traidores a la patria” y pidió juzgarlos por anteponer los intereses de las empresas privadas sobre los del país.
Un mes después, Morena denunció ante la Fiscalía General de la República a los diputados que emitieron su voto en contra de la reforma promovida por el Ejecutivo federal bajo el mismo argumento esgrimido por el presidente.
Por su parte, el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano acusaron que las denuncias, además de calumniosas, afectaban a negativamente a sus partidos de cara a las elecciones que se celebraron el pasado 5 de julio sin tener ningún argumento válido para ello.
