Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Exigir, porque fue el tono usado, que se investigue a los jueces federales, los de amparo, para saber la razón por la cual otorgaron una suspensión par que Iberdrola no pague la multa de 9 mil millones -450 millones de dólares-impuesta por la Comisión Reguladora de Energía, (CRE), es tapar el sol con un dedo. Es una “invasión de poderes”. SI se trata de jueces, existe el Consejo de la Judicatura Federal para sancionar a quienes no se conduzcan con ética jurídica.
Desde el otro lado de la banqueta, sería una injerencia si el Poder Judicial de la Federación demanda y exige se investigue a todos los familiares del presidente de la República, las riquezas de sus colaboradores, de sus amigos y parientes y que lo haga una instancia alejada de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde su titular, Roberto Salcedo Aquino, se ha convertido en el “defensor y no de oficio”, de todos y cada uno de los servidores públicos que han sido denunciados. Durante su gestión, que llegará al primer año el próximo 30 de julio, no se ha conocido siquiera una amonestación pública en contra de aquellos que, en función de sus responsabilidades, han desviado el camino.
Resulta irritante escuchar al hombre que cobra como primer mandatario lanzarse en contra de todos cuando los jueces, por ejemplo, se apegan a la Constitución y hasta ahora a ninguno de los que han recibido las descalificaciones se les ha demostrado haber actuado por consigna, recibir dinero o prestaciones para otorgar una suspensión provisional y después llevar al siguiente piso y declararla definitiva.
Hay magistrados que, en estricto apego a derecho, se atrevieron a suspender parte del tramo 5 del Tren Maya. Y claro, la solución “antijurídica” salió a relucir: es una obra de “seguridad nacional” y por tanto no aplica ninguna suspensión o amparo definitivo.
Cuando menos en medios periodísticos y en algunos casos ante la Fiscalía General de la República y en mucho ante la SFP, se han presentado denunciar en contra de servidores públicos que, ejemplo, adquirieron ventiladores para hospitales al doble de precio; o se otorgaron contratos a empresas inhabilitadas. La propia Auditoría Superior de la Federación ha detectado desvíos o falta de comprobación de los dineros gastos ejercidos por todas, sí, todas las dependencias que reciben recursos públicos. Se les llama “observaciones” que pueden ser ¡subsanadas” hasta en 180 días!
Y no pasa nada.
Existen las justificaciones. Lo mismo para el Tren Maya que para el aeropuerto Felipe Ángeles o la Refinería Olmeca. En todas ellas se han registrado falta de comprobación suficiente. Recordar, por ejemplo, que la secretaria de Energía, Rocío Nahle presentó su declaración patrimonial de 2021 con ingresos de 9.6 millones de pesos sin explicar cómo obtuvo tal suma, no es ocioso.
Claro, don Roberto ni pío dijo. A propósito de Píos, ¿Por qué se ha retrasado la indagatoria en su contra?… ¿por qué la Fiscalía General de la República se niega a entregar la información al INE?
Si de impunidad se trata, sí existe y en los altos niveles del gobierno federal -para no entrara a los Estados y presidencias municipales que la ejercen a plenitud- y entre los familiares del presidente de la República.
Su discurso siempre va dirigido en contra de quienes no satisfacen sus insanos deseos. Nunca hacia quienes han sido señalados periodísticamente con documentos oficiales que comprueban irregularidades en sus responsabilidades. Tampoco se han atendido las “observaciones” de la Auditoría Superior de la Federación que, icho sea de paso, cada día es menos escrupulosa en sus auditorías forenses.
Pretender ordenar se investigue a los jueces que no se cruzaron de brazos ante las violaciones a las leyes, es poco menos que el pensamiento de un dictador en ciernes.
Dice el refrán: el buen juez por su casa empieza.
¿Cuándo empieza a limpiar su casa el huésped temporal de Palacio Nacional?
- ¿A propósito cuándo se publicó la licitación para la compra de los tres de la Línea 1 ? Es pregunta.
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