Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó hoy a la Comisión Permanente del Congreso una propuesta para modificar el artículo 73 de la Constitución y un proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.
Su propuesta, de una nueva ley concuerda con el modelo de ley que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en opinión de abogadas feministas, algunas que construyeron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, no es necesario poner el delito como de exclusividad para el Congreso, pero ese modelo de la OEA no se ajusta a los marcos jurídicos mexicanos, sino que es para otros países que sí hicieron una legislación aparte para el delito de femicidio o feminicidio y otras violencias. Modelo publicado en 2021.
La propuesta de Zaldívar Lelo de Larrea que busca reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución para agregar el delito de feminicidio y delitos vinculados, como facultad exclusiva del Congreso para legislar ese y otros es técnicamente incorrecto, afirmó la abogada Claudia Espinosa Almaguer, quien estudió la tipificación del delito de feminicidio en toda la República y encontró graves discrepancias entre un estado y otro.
La propuesta del ministro Zaldívar, que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral, “no punitiva”, repite lo que ya está en la Ley de Acceso y otras reglamentaciones sobre víctimas, reparación del daño, etc.
Además, está duplicando otras conductas, combinando actos de negligencia médica y situaciones que no son de exacta aplicación, agregó la especialista, que coincide con la abogada Andrea Medina Rosas, quien participó en la elaboración de la ley integral de 2007.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea explicó que, pese a que los juzgadores no son legisladores, esta propuesta jurídica se da en el marco de la colaboración de Poderes, como una manera de unir esfuerzos para resolver la violencia contra las mujeres.
En el preámbulo de la propuesta -difundida muy temprano por la SCJN- habló del documental que patrocinó el Poder Judicial, “Caníbal”, el que en opinión de la exlegisladora Martha Tagle Martínez estigmatiza el feminicidio, presentando a un asesino serial y a mujeres pobres. Cuando todos los estudios señalan que no se trata de eso. La exlegisladora, con otras colegas, durante tres años pidió unificar el tipo penal del feminicidio y que funcione el aparato de justicia, para abatir la impunidad. Lo que no sucede.
Espinosa Almaguer recordó que de las observaciones de CEDAW de 2018, de todo lo que observó sólo se cumplió con la tipificación del feminicidio, las demás recomendaciones están pendientes. Y dijo que no es verdad que se requiera una Ley de estas características, el equivalente de la legislación con enfoque feminista, que hay en otras regiones, y esa es la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
Consideró que los denominados en el proyecto como “delitos vinculados a este” aborda otras conductas que no son claras o que ya son delito en leyes especiales y reiteró que es oportunista querer ahora sí hacer un solo tipo para el delito de feminicidio, y dice en la página 2 que por eso se produjo el documental Caníbal.
