Los Ríos de Sangre Desbocados en la República Mexicana ¿Y la Justicia?

A la Vuelta de la Esquina

IVÁN RUIZ FLORES

El México de hoy es una nota roja. 

Pero, a pesar del ocultamiento de crímenes que sistemáticamente se lleva a cabo desde las alturas del máximo mando, la sangre de los mexicanos, un día sí y el otro también, sigue fluyendo. Corre, anega municipios y capitales del país, caminos, sierras, ciudades y poblados. 

Son resultados de que la justicia esté al servicio de la política.

¿La justicia? Sí. Hoy más que nunca está con los ojos cubiertos en nuestro país, con el lienzo que le ha sido otorgado allá donde se ubica la Silla del Águila, ave que, dicen, afila sus garras para lanzar el zarpazo en su momento.

Pero lo cierto, y sumamente grave, es que no hay estado de la República que se salve, aunque exista un grupo donde se han concentrado la mayoría de los ilícitos sangrientos.

Sin embargo, desde la cúpula de mando dicen lo contrario y no escuchan ni observan lo que señalas y advierten los especializados en la materia, a quienes siempre culpan de ser los responsables “de alterar las cifras”.

Pero la realidad es una y cruel en materia de justicia, ya que más del 99 por ciento de los crímenes de sangre se considera en nuestro país “no resuelto”. 

No es una cuestión nueva, aunque hoy el animal se haya desbocado y no se observe en el horizonte nada ni nadie que lo frene. La estrategia actual es el peor fiasco de que se tenga memoria por varias razones, entre las cuales está el hecho de que los responsables de estos menesteres sean personas neófitas, colocadas en la posición solamente para controlar a la prensa, lo que, por cierto, no han logrado ni lograrán. Para su desgracia, siempre habrá quienes a riesgo de su vida digan la verdad de lo que sucede en México en esa y otras materias.

Pero señalábamos que son miles las carpetas de investigación acumuladas, todas sin resolver, mientras son miles y miles las familias afectadas.

El asunto está en su peor crisis en estos tiempos, aunque, desde hace años ya venía siendo objeto de investigaciones debido al angustiante problema que representa.

Por ejemplo, apenas dos años antes de que ingresara (para nuestra desgracia) el gobierno actual el doctor en Derecho Rodrigo Meneses Reyes y el sociólogo Miguel Quintana Navarrete publicaron en Scielo su trabajo denominado “Homicidios e Investigación Criminal en México”, en el cual señalan, por ejemplo: 

La falta de eficacia y eficiencia del sistema de justicia penal mexicano se ha documentado exhaustivamente en los últimos años, pese a que se ha establecido que “el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país, durante el 2013, fue de 93.8% (cifra negra) …”

Hoy, por cierto, estamos peor. ¿Es posible estar peor?, se preguntará Usted. En México sí. Predomina actualmente, (heredados también), en las investigaciones: la burocracia, el autoritarismo, las prácticas arbitrarias, la corrupción, la opacidad, el amiguismo, la falta de investigadores reales y absoluta ausencia de estándares tecno-científicos.  

Y precisamente “…cuestiones derivadas de este autoritarismo, como opacidad, corrupción y falta de supervisión judicial permitieron a las procuradurías manejar la delincuencia mediante la violación sistemática de los derechos procesales de los defendidos, y sin necesidad de profesionalizar y tecnificar la procuración de justicia”. Así lo dicen los autores.

También mencionan a Zepeda, quien en 2003 publicó “…que las procuradurías locales se encuentran saturadas, lo que provoca ineficiencia y un ejercicio discrecional y sin supervisión por parte del ministerio público para decidir cuáles asuntos son considerados como prioritarios. A su vez, estas prácticas también pueden generar corrupción.

Ellos, además, puntualizan:

“Uno de los resultados más replicados es el impacto del tipo de arma utilizado. En general, aquellas armas, cuyo uso permite al agresor no tener contacto con la víctima -como una de fuego, por ejemplo-, dejan menos huellas del delito y, por lo tanto, dificultan la investigación policial. Por el contrario, las que reclaman que el agresor se acerque a la víctima para ser efectivas dejan más rastros físicos (cabello, sangre) e incrementan la probabilidad de identificación del agresor”.

También refieren en otro planteamiento:

“Uno de los hallazgos más sólidos identificados por los estudios criminológicos durante las últimas décadas, sostiene que, en el estudio y cuantificación de la violencia homicida, la población del género masculino se encuentra sobrerrepresentada. Esto implica, en resumidas cuentas, que los hombres son más vulnerables a perder la vida en medio de un evento homicida que las mujeres (Miethe & Regoeczi, 2004). Sin embargo, en el caso de las investigaciones que tratan sobre la resolución de los homicidios, es normalmente aceptado que las víctimas del género femenino presentan menos probabilidad de que sus casos sean resueltos…”

Los autores, en ese trabajo (que deberían leer los interesados en la materia) advierten que “…desde 2008, las instituciones jurídicas mexicanas han intentado reformar sus prácticas, con el objetivo de mejorar las capacidades institucionales para procesar y resolver los delitos, particularmente aquellos que tienen que ver con el despliegue de la violencia homicida”.

Pero como ocurría entonces y peor ahora en nuestro país… 

“Desafortunadamente, esta reforma ha tenido lugar en un clima de violencia extrema, en donde la tasa anual de homicidios por cien mil habitantes ha pasado de 11.02 en 2000 a 22.93 en 2010, en todo el país (INEGI, 2011). Dicha tasa decreció a 21.5 para el 2012, pero continúa por arriba del promedio del continente americano (16.3), el más violento del mundo, aunque por debajo de la tasa de países como Honduras (90.4), Venezuela (53.7), Colombia (30.8) y Brasil (25.2)”.

Y hoy, lamentablemente, 22 años después estamos peor.

 

 

 

 

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