ALFREDO MEJÍA MONTOYA
Los comentarios y discusiones que desde palacio nacional provoca el inquilino, no dejan de escucharse como tambores de guerra, ya inmerso de lleno en su sucesión, cuando, pese a que el partido oficialista ha ganado quince de las gubernaturas en juego en 2021 y 2022, no ha demostrado ni ha dado resultados positivos en las entidades donde gobierna (?) y tampoco en la presidencia misma. Pero eso sí, el eterno candidato ya piensa en su sucesor a fin de que continúe con la supuesta transformación del país. Aunque ya se percibe el autoritarismo, el nepotismo, el desprecio vigoroso en contra del estado de derecho, la violación a los derechos humanos, el ignorar por completo el cuidado del medio ambiente, ejemplos de dos de sus obras insignia, Refinería Olmeca y Tren Maya.
Habiendo tantos problemas que resolver, tantas políticas públicas que redireccionar y tantas posibilidades de generar grandes polos de desarrollo, con tanta mano de obra existente en nuestro país sin empleo formal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no sabe qué hacer con tantos frentes que ha abierto. Se crea enemigos gratuitos y otros inexistentes, su esquizofrenia ya es muy aguda.
Adelanta también junto al partido oficialista, la sucesión por la gubernatura del Estado de México, uno de los últimos bastiones del PRI, y por si fuera poco, el más importante, electoralmente hablando, de todo el territorio nacional. Cuestión que no hace más que dividir a su propio partido, a dejar sin gobernantes en esos días de campaña, diría el vecino, son gastos anticipados de campaña, y la ley electoral prohíbe tal circunstancia, pero ya sabemos que López Obrador lo que menos le interesa es cumplir con la ley, para él no existe el estado de derecho, y para esto, quién paga todos esos gastos anticipados o no, salen de alguna alforja o del bolsillo de cada uno de los suspirantes, y quién paga a sus acarreados, que vienen de todas partes de la república… los impuestos no son para este tipo de gastos, para ello se etiquetan los gastos presupuestales de los partidos, o viene de la plutocracia o de la oclocracia, en cualquiera de los casos está prohibido y en uno de ellos, riesgoso y peligroso.
Por otro lado, la oposición le declara la moratoria constitucional en materia de reformas a la Carta Magna, no era necesario manifestarlo, eso ya está en el ADN de los partidos de oposición, no pasar ninguna reforma a la Constitución, y el inquilino se engancha en otro frente donde tiene todas las posibilidades de perder, precisamente, porque no tiene la mayoría calificada para que el partido oficialista las pase en fast track.
Guardia Nacional
Uno de los puntos de la moratoria, son de extremo cuidado, el relativo al de la Guardia Nacional, que se pretende dependa de la Secretaria de la Defensa Nacional y no de un mando civil como originalmente se especificó en la misma Constitución, que para el caso, da lo mismo, actualmente traen uniforme militar, tienen disciplina militar, reciben órdenes de un militar retirado, hacen funciones de los militares, huyen de los ataques de la delincuencia organizada como si no fueran militares, no representan con dignidad a la milicia, y les pagan con presupuestos etiquetados a la SEDENA.
Reformas Electorales
El de las reformas constitucionales al sistema electoral en el país, pretendiendo desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), modificar su nombre y pasarlo a una de las oficinas del ejecutivo federal, como en el pasado, donde se podía hacer de todo en materia electoral para que siempre el triunfo fuera del partido oficialista, el país ya vivió esa experiencia y el PRI estuvo 72 años en el poder bajo el sistema democrático de una Dictadura Perfecta.
Energías Limpias
Y otro punto que está en el horno, es el relativo a las reformas en materia de energías limpias, que vendrá acompañada con inversión extranjera directa para producir ese tipo de energía. Si bien no pasaron las reformas en energía eléctrica por los objetivos gubernamentales, ahora viene un nuevo dispositivo legal que versará sobre este tema, estemos al pendiente, ya que si traerá beneficios si se hace conforme a derecho.
No es moratoria legislativa, sino moratoria constitucional, exclusivamente de reformas que pretendan modificar la Constitución, las demás propuestas, reformas e iniciativas seguirán su curso legislativo. (sic) Partidos Políticos de la Oposición ¿Y porque no una moratoria fiscal también?
Todos los mexicanos estamos obligados al pago de impuestos, para sufragar el gasto público. De una forma proporcional y equitativa. De conformidad como lo establezcan las leyes.
Dentro de la política fiscal, la intervención del Gobierno Federal en la economía, funciona para alcanzar tres objetivos básicos: 1) crecimiento y producción, 2) crecimiento del empleo y 3) estabilidad de los precios, esto se logra a través de su programa de ingresos y gastos públicos. Los Presupuestos, definen cada año la previsión de ingresos y gastos públicos que el Gobierno pretende realizar en un ejercicio fiscal.
Con base en su clasificación económica, el gasto programable del sector público se divide en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal.
El Gobierno Federal y Estatales están obligados a disponer de esos recursos, únicamente para el gasto público, a manera de ilustración: El de educación, seguridad, salud pública, sueldo de funcionarios y servidores públicos. Generar infraestructura como: Construcción de carreteras, puentes, alcantarillado, drenajes, pavimento de calles, etc. y Gastos de funcionamiento del gobierno: como Alumbrado público y subsidios de luz, Salarios de empleados federales y estatales, entre otros.
En ese orden, si las contribuciones denominadas impuestos, solo se deben utilizar para el gasto público, como es posible que en México haya un pésimo sistema de salud en todo el territorio, que no hayan medicinas en más de tres años de gobierno de López Obrador; que cada vez la delincuencia organizada y no, tenga secuestrado a pueblos, rancherías, municipios, entidades federativas y ya hasta al gobierno federal, y no se le combata; que la Secretarías de Economía, Educación, Trabajo y Previsión Social, Semarnat, etcétera actúen en la más absoluta opacidad, que las de Defensa Nacional y Marina actúen en todas las obras de infraestructura federal…
Y gran parte de ese presupuesto está etiquetado para los Programas Sociales Prioritarios, dispersando dinero público a diestra y siniestra sin ninguna contraprestación de carácter sustentable e incluyente, eso no es un gasto público. Lo sería, si con esos recursos se implementan polos de desarrollo, y se implementa infraestructura en donde, la población beneficiada podrá trabajar mediante un salario, y no un regalo que no le resolverá el problema de la pobreza y de la pobreza extrema. Con ello, se les inculca la cultura del no trabajo formal, como todos los que, si pagan impuestos. ¿Dónde está la equidad y la proporcionalidad del pago de contribuciones?
La ciudadanía, ante estos hechos flagrantes, donde se violenta el orden constitucional en materia tributaria, no tardarán en proponer una moratoria fiscal, a fin de que el gobierno federal no dilapide sus impuestos y el dinero público no se emplee más en compras de conciencias, de promover una generación que solo estira la mano para obtener un recurso que en strictu sensu no es un gasto público, sino una forma de dar ayudas personalizadas a fin de obtener votos para el partido oficialista y esa derrama de recursos siempre creará ambientes artificiales de prosperidad y repercutirá en distorsiones leves o graves en la economía global del país.
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