Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Hace 103 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, sobre el delito de ultrajes a la autoridad, por ser violatorio a los derechos humanos.
El artículo establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y una multa de hasta cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Horas antes de la sesión del Pleno, Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, envió una carta al pleno en la que expresaba su preocupación por declarar la inconstitucionalidad de la ley: “Se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en realidad suceden”, apuntó el mandatario.
Seguramente se creó, pero para el mandatario.
De acuerdo con informes periodísticos estatales, con la aplicación de esa norma se encarceló a cuando menos mil 200 personas. El 99.99 por ciento de manera injustificada.
Simplemente por razones personales. Porque los detenidos “ultrajaron” la dignidad del gobernador.
Cobijado por su amigo, el huésped temporal de Palacio Nacional, quien ha repetido que “Cuitláhuac es el mejor gobernador que ha tenido Veracruz”, usa el poder para defenestrar a todos aquellos que han osado cuestionarlo, no por su vida personal que es muy suya, sino por las acciones de gobierno.
Veracruz ha tenido malos gobernadores. Ahí están los recientes ejemplos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. También ha tenido excelentes mandatarios como Fernando Gutiérrez Barrios, el mismísimo Dante Delgado quien ocupó durante 4 años el cargo de gobernador sustituto constitucional, Miguel Alemán, Fidel Herrera, entre otros.
Cuitláhuac llegó como su amigo personal: con la espada desenvainada. Tampoco perdonó haber sido derrotado por Duarte y lo recordó al asumir su mandato. Después de ello y con su antecesor en la cárcel, enfocó sus baterías en contra de Karime Macías Tubilla, exesposa de Duarte y quien abandonó el país en el momento en el que el gobernador, a 46 días de terminar su gestión, para, según dijo, “limpiar mi nombre”.
Macías vive en Londres. Y el 5 de abril pasado, la autoridad judicial inglesa autorizó su extradición a México. La decisión fue impugnada y todavía no se cumple la instrucción. Sin embargo, desde la Fiscalía General de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, se ha dado seguimiento al caso para lograr que sea la justicia veracruzana la que la juzgue.
Para nadie es desconocido que en vísperas de la navidad de 2021, José Manuel del Río Virgen, fue aprehendido y recluido en el penal de Pacho Viejo por su presunta actuación intelectual en el asesinato del candidato de MC a la presidencia de Cazones, Remigio Tovar.
A pesar de la inexistencia de pruebas fehacientes, al coordinador técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, se le decretó prisión preventa oficiosa y durante 187 días, porque el juez de control -del Tribunal Superior de Justicia del estado y por consecuencia comprometido con lo que el góber ordene- así lo decidió. Un juez federal ordenó revisar el caso y se anunció que se otorgaría un amparo. Fue concedido y aún así, Del Río Virgen permaneció en el penal.
Finalmente, el juez ratificó el amparo y ordenó la libertad inmediata del funcionario. Tardó en salir más de 24 horas después de la posibilidad de enjuiciar al responsable del penal por desacato.
Veracruz se ha convertido en uno de los estados con mayor riesgo para ejercer el periodismo. Más aún, para quienes desafían al señor García, quien no parece entender que está de pasó y con las acciones realizadas en sus tres años y siete meses de mandato, los veracruzanos se apuntan para dar la espalda al candidato de Morena en 2024.
La aplicación de la justica en jarochilandia es de kermese.
Porque Cuitláhuac “odia con odio jarocho”, como diría Crispín, el ratón interpretado por Luis de Alba.
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