Torturas, hambre y trabajo a punta de pistola en plena Amazonía. Los horrores cometidos en una antigua hacienda de la multinacional alemana Volkswagen en tiempos de la dictadura brasileña (1964-1985) han vuelto a la luz con una investigación de la Fiscalía por prácticas esclavistas.
Las denuncias describen la entonces «Hacienda Vale do Rio Cristalino», conocida como «Hacienda Volkswagen» dedicada a la cría de ganado, como un infierno situado en Santana do Araguaia.
Allí, se estima que centenas de trabajadores vivieron en condiciones degradantes y fueron sometidos a una violencia extrema, que incluía amenazas, torturas y, en ocasiones, palizas mortales, durante los 70 y 80, según relatos de sobrevivientes recogidos por la Fiscalía.
Tras largos años de silencio, el Ministerio Público del Trabajo decidió investigar el caso en la esfera civil y convocó a Volkswagen Brasil a una audiencia el próximo 14 junio, en Brasilia, para que asuma su responsabilidad y repare el daño causado.
Pero, ¿qué hacía una de las empresas automotrices más importantes del mundo criando ganado en la Amazonia? Para encontrar la respuesta hay que remontarse a los primeros años de la dictadura militar.
Los altos mandos del régimen, preocupados con una supuesta ocupación extranjera de la Amazonia, lanzaron un plan para poblar la región a cualquier costo bajo el lema «integrar para no entregar».
La dictadura prometió tierras a los desempleados y beneficios fiscales a los empresarios. Ahí entra Volkswagen, que operaba en el país desde los 50.
La montadora alemana se instaló a través de su filial «Companhia Vale do Rio Cristalino Agropecuária Comércio e Indústria», en una hacienda de casi 140 mil hectáreas en Santana do Araguaia, y empezó a criar ganado para comercializar.
Para ello, hubo que deforestar y quemar toda esa porción de selva y transformarla en pasto. Esa labor se reservó a contratistas de la región, que reclutaron mano de obra pobre y analfabeta bajo la falsa promesa de un trabajo de ensueño.
Pronto empezó a recibir denuncias de «graves violaciones de derechos humanos» a partir del testimonio de trabajadores que habían conseguido huir.
Si reivindican mejores condiciones o intentaban huir, eran «castigados», «amarrados a un árbol y recibían palizas de días», apuntan antiguos trabajadores.
Las autoridades calculan que había 300 empleados con contrato, a los que hay sumar, los centenares de informales que vivían en condiciones inhumanas.
Estos últimos no eran libres hasta que pagasen la deuda que, sin quererlo, habían contraído con el patrón por gastos por transporte, trabajo y su vida personal.
