La destrucción de la Selva en Quintana Roo que alcanza a Yucatán, Chiapas y Tabasco, para la Construcción del Tren Maya, no solo afecta al hábitat a propietarios por expropiaciones ilegales y “acoso y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad contra pobladores que buscan reclamar por sus derechos”, salió de la esfera local y ya se advierten los daños en organismos mundiales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve con “preocupación” la manera en que se está ejecutando el proyecto del Tren Maya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puesto que al buscar que se realice “de cualquier manera”..
“La Relatoría Especial nota que el presente proyecto se buscaría ejecutarse de cualquier manera, toda vez que de la información recibida resalta que se desprenden casos de acoso y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad contra pobladores que buscan reclamar por sus derechos. Incluso, la Redesca recibió información de posibles muertes asociadas a estas actividades, tomando especial nota de la muerte de un joven en el Ejido Samuel en Campeche. De lo que se tiene conocimiento, el Estado no ha abierto ninguna investigación, pese a existir una denuncia presentada por los familiares de la persona que falleció”, dice el V Informe Anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de la CIDH.
Propone que en caso de que sea necesario adoptar una decisión para reformar normas medioambientales específicas, esas decisiones deberán respetar tanto los elementos de procedimiento como los sustantivos de los derechos humanos.
En el capítulo de México desglosa siete temáticas una de ellas el de Empresas y Derechos Humanos en el que aborda la polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de la Cuatroté por la construcción del Tren Maya.
El organismo internacional recogió testimonios que señalan que “no existe una oposición completa al proyecto como tal, por cuanto sería un beneficio para la movilidad en el sector. Sin embargo, reclaman que la metodología y acercamiento por parte del Estado atenta los derechos de los ejidos y otros poblados que ya se encuentran en el territorio”.
Lo que en particular se reclama es que “los procesos de expropiación donde se da paso a las vías del tren no cuentan con procesos de expropiación legítimos y simplemente las personas serían forzadas a salir de sus hogares sin ninguna alternativa culturalmente apropiada”.
Pidió que todas las decisiones se adopten de manera transparente, con una amplia participación del público y proporcionando acceso a la justicia a las personas, comunidades y otras organizaciones interesadas.
