Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Recibo una información alarmante. Proviene de Nayarit y quien la proporciona es una fuente de toda confianza. Creíble y sin interés de ninguna especie. Simplemente corroboró lo que me envió y la tomo para compartirla y hacerla pública.
Unas 2 mil 500 personas, entre adultos mayores -hombres y mujeres-, jóvenes y hasta niños, trabajan en las playas de Nayarit y para hacerlo legalmente forman parte del Padrón de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin estar inscritos no pueden hacer sus ventas de artesanías tanto de la región como de los estados adyacentes. Muchos son campesinos, otros indígenas y los menos ambulantes que ni encuentran otra forma de ganarse la vida. Están obligados a cubrir una cuota a la dependencia de 200 pesos mensuales. Es decir, la nada despreciable suma de 500 mil pesos mensuales. Eso les da derecho de trabajar y no ser perseguidos, que les confisquen sus mercancías o los encarcelen por estar en playas públicas.
La historia es esta: la mayoría de los adultos mayores cuentan con hijos que se dedicaron a otras actividades y trabajan para empresas privadas que les otorgan las prestaciones de ley: IMSS, Infonavit, vacaciones pagadas, aguinaldo y demás.
Algunos de ellos han pretendido inscribir a sus padres -los dos o uno- en el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a sus derechos y lo establece la ley.
Sin embargo, la delegación del Instituto en la entidad no acepta la protección que los hijos quieren brindar a sus padres.
Los derechohabientes pueden incorporar a su esposa, hijos y padres. La legislación así lo marca y por ello resulta inexplicable que se les niegue la posibilidad de ser atendidos en su salud, obtener medicamentos para tratar sus enfermedades crónicas o recibir atención por alguna lesión ocasionada por una caída o un asalto de malandros.
Se podría entender la negativa a brindas el servicio si el derechohabiente deja de serlo por más de seis meses. De otra manera no hay razón para la negativa.
Los artesanos, que lo son y no simplemente llevan las piezas de quienes las realizan, por regla general no están inscritos en el IMSS. Son pequeños, quizá de los más pequeños, empresarios que llegan a tener empleados sin darles las prestaciones exigidas por la ley. Quizá estén al margen y cometan un delito. Tampoco, seguramente, pagan impuestos. No emiten facturas y no las piden en la compra de los pocos materiales que ven obligados a adquirir. La tierra es de ellos, hacen el barrio, lo pintan con colores naturales y los meten al horno. Lo bello es el diseño, la creatividad, el ingenio y el talento para crear sus piezas. Ninguna es igual, aunque tengan el mismo color, la misma fruta o ave o pescado. Son piezas únicas porque no se hacen en moldes.
Sin embargo, ellos y ellas, no son únicos. Forman parte de la población. Y son de aquellos que nunca habían tenido un servicio de salud hasta que apareció el Seguro Popular que, para su desgracia, el presidente López decidió desaparecerlo y sustituirlo por otro ente que resultó ineficaz, inoperante e inservible: el INSABI.
Debido a ello y a que se trata de personas mayores que dependen de lo que puedan comprar los turistas, los hijos buscaron incorporarlos al IMSS y otorgarles el beneficio de la salud.
Sin embargo, niegan la incorporación.
¿Estará enterado el director Zoé Robledo o los delegados reciben órdenes de actuar de esa manera?
Es pregunta sin jiribilla política, pero con mucho interés de saber porque a los que menos tienen se les niega todo.
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