ALFREDO MEJÍA MONTOYA
La política, últimamente ha librado batallas épicas, abarcando todos los encabezados de los medios y todas las matinales del mes en curso en Palacio, el inquilino no ha dejado de hablar de un sinnúmero de propuestas, ideas y ocurrencias que pretende llevar a la oficialía de partes del Ejecutivo, es decir al Congreso de la Unión, excepto las que requieren mayoría calificada. Todavía le quedan resabios de su revocación de mandato; de la reforma energética (que fue desechada por no lograr precisamente la mayoría calificada), de la Guardia Nacional, y la reforma que pretende en materia electoral, y que todas buscan modificar y reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y requieren de esa mayoría de calidad.
También llegó a la ventanilla, la iniciativa de nacionalizar el Litio que solo requiere mayoría absoluta. Y como el partido oficialista lo que menos le interesa es el bien de México, pasó la reforma sin leer, para variar, sin cambiar una sola coma y se turnó a la Cámara Alta donde también fue aprobada.
La iniciativa de reforma a la Ley Minera, que pretende nacionalizar el Litio Nacional, y que, al pasar sin su lectura y razonamiento, provocará en su caso indemnizaciones por expropiación a compañías como la británica Bacanora Lithium bajo control de inversionistas chinos y 31 concesiones más para explorar yacimientos de litio en cinco estados de la República, principalmente a mineras canadienses e inglesas, pero también de Estados Unidos, Australia, España y dos mexicanas. No deja de ser un distractor más para que se deje de hablar de la más grande derrota legislativa que ha sufrido el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido oficialista, esto traerá graves problemas de inversión al país, y la incertidumbre se acentúa por el fast track de su aprobación.
López Obrador, manifestó respecto de la reforma energética discutida el 17 de abril, que no se le cambiara ninguna coma (,) y efectivamente no se le cambió nada, simplemente se desechó completa, al no llegar a la mayoría calificada. Y con seguridad atraerá inversionistas e incentivará la seguridad y certeza jurídica.
Reformas Constitucionales
Viene la iniciativa sobre la revocación de mandato, en la que el inquilino de palacio desea que el porcentaje para que el resultado sea vinculatorio, se reduzca de un 40% del padrón electoral federal a 20%. Esto significa que con una minoría se pueda revocar de su cargo al presidente de la república, y lo más grave, que con esa misma minoría el presidente se quede los periodos que pretenda el titular autócrata del ejecutivo, sin ser reelección. Por ello el ejercicio de laboratorio y acarreo de votantes del partido oficialista en la consulta de revocación del 10 de abril. Esta medida es idéntica a como actualmente se practica en Venezuela para alargar el periodo del Dictador, seguramente, es una mera coincidencia.
En lo relativo a la Guardia Nacional, López Obrador tiene planes para que mediante reforma constitucional se elimine por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de esta corporación en la seguridad pública. De esta manera, la Guardia Nacional pasaría a formar parte en su totalidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que permitiría mantener a las fuerzas armadas en las calles y perpetuar lo que organizaciones civiles y especialistas llaman «la militarización de la seguridad pública». Una promesa más de campaña, incumplida, de meter al ejército a los cuarteles.
Otra ocurrencia del inquilino de palacio es la Reforma Electoral para dejar consolidada la democracia, ¿cuál? la que canceló el NAICM y la Cervecera Constellation Brands. Pretende que la elección de magistrados y jueces electorales sea por medio del voto; que no haya consejeros ni magistrados que no tengan vocación democrática y que se garantice el voto libre, secreto y que no haya fraudes electorales; que el pueblo elegirá a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto abierto. Cada uno de los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propondrá 20 ciudadanos a elección abierta, con paridad de género; recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral (INE); convertir al INE en un órgano de alcance nacional. Es decir, que absorba las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); y la reducción del número de diputados y senadores plurinominales.
Una reforma con tendencia a desaparecer el organismo autónomo del INE, pasarlo a la Secretaria de Gobernación y de nueva cuenta ser Juez y Parte como hace 40 años y que provocó el gran fraude de 1988, con la dirección de Manuel Bartlett, en cualquier elección a nivel nacional. Borrar a los plurinominales, eso le da ventaja al partido oficialista sobre los otros partidos que no cuentan con demasiados legisladores.
La praxis política, sugiere que en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de proponer reformas constitucionales, porque no pasarán, por no contar con la mayoría calificada. Por ahora, con la gran derrota que sufrió el 17 de abril, por medio de la oposición organizada, y después tampoco, por lo menos por el término en que dure su mandato. Sin embargo, pretenderá reformar, adicionar y derogar leyes con su mayoría absoluta del partido oficialista y sus cómplices en el Congreso de la Unión, leyes que indudablemente serán impugnadas por los particulares al considerar las reformas de inconstitucionales.
Como lo es la aprobación fast track el 18 y 19 de abril de 2022, sobre las reformas a la Ley Minera, sin cambiarle siquiera alguna coma, que ya tuvo sus primeras repercusiones con el pronunciamiento de la Cámara de Comercio del Canadá en México (CANCHAM) en el sentido de que no se pueden reservar, en este caso, minerales para la exclusiva exploración y explotación por parte del Estado, sin haber hecho la referida reserva en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Es forma que al conculcarse se traduce en fondo, como la emisión de papel moneda, en la que México en el T-MEC se reservó esa actividad.
Al mismo tiempo, es posible la violación a disposiciones internacionales que regulan la equidad, certeza y certidumbre jurídica en los procedimientos, tales como las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y todos los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por México.
En efecto, el Capítulo 22 del T-MEC y los equivalentes a otros tratados de libre comercio, no contemplan la creación de una Dependencia Descentralizada del Gobierno mexicano que controle la exploración, explotación y comercialización en forma exclusiva del LITIO con sus cadenas de valor, ya que hubiere sido tema de discusión, debate y aprobación en la firma del Tratado principal del T-MEC. Por lo que dichas reformas darán pie a controversias y juicios elevados a nivel constitucional, ya que los Tratados de Libre Comercio son considerados del mismo rango a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constituciones de los países que suscriben los tratados. ¡Las indemnizaciones para variar quien las terminará pagando, serán los contribuyentes claro!
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