ALBERTO F. MENA MALLEN
A pesar de que está consciente de que viola la Constitución o las leyes, el presidente sigue su camino sin importarle este hecho y lo hizo con la prohibición de no difundir la revocación del mandato, así como con otros más que, día a día, la prensa hace visible. Y lo peor es que sus funcionarios allegados lo imitan tal y como sucedió con el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien apoyó la propuesta de AMLO para eliminar al INE y buscar otra alternativa que permita tener el control electoral para Morena en el país, además de promover la consulta del próximo 10 de abril. Total, qué tanto es tantito.
Esta postura presidencial permitió a sus allegados arreciar esta campaña de promover la participación ciudadana en este ejercicio político-democrático, cuando la norma establece que está prohibido llevarlo a cabo, además de que se gastó mucha lana en los espectaculares que se vieron en todo el territorio nacional. Una ilegalidad fue el emitir un acuerdo para que a última hora se pudiera promover dicha consulta, ya que la misma norma señala que no se pueden modificar a 90 días de las elecciones.
Cuando tomó posesión del cargo, él mismo protestó que respetaría a la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero lo dijo como parte del protocolo que emiten todos los presidentes de México y cualquier funcionario que toma un cargo en la administración pública, incluso hay empresas privadas que hacen lo mismo, pero de forma escrita, donde se comprometen a respetar la legislación y muchas cosas más.
Pero desde que asumió el cargo, López Obrador ha sido un violador frecuente de nuestra carta magna donde hay muchos casos de ello; el memorándum que emitió el primer mandatario para derogar la reforma educativa fue ilegal, ya que el ejecutivo no tiene facultades para ello, son atribuciones del legislativo que recibió la orden para llevarlo a cabo.
La consulta patito que realizó para eliminar al aeropuerto de Texcoco, no fue ejecutada bajo las normas que dictan las leyes, sino que, con el argumento de que el pueblo manda, se tomó atribuciones que no le correspondían ya que solo era presidente electo; otro caso fue el de dar a conocer datos personales de periodistas a los que quiere minimizar para evitar que le saquen los trapitos al sol, a los que ataca frecuentemente en sus mañaneras, con lo que violentó las leyes, pero eso qué importa, es el presidente.
Y sigue la mata dando, como dice el refrán. Hay acciones y mensajes, así como posicionamientos que exceden sus facultades constitucionales, vulneran las competencias de otras autoridades y violan derechos humanos, lo que poco ha importado al presidente, tal y como sucedió con el anuncio previo del aumento en tasas de interés que daría a conocer el Banco de México, lo que provoca desconcierto de los mercados de valores, y todo quedó en aplausos ante la Convención bancaria, luego de disculparse ante los asistentes. Castigarlo, para qué.
Hay otra de sus frases que repite en sus pláticas mañaneras: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, lo que hasta ahora es una frase que solo ha aplicado en casos de familiares que abusan de sus puestos y que hasta la fecha no se observan avances de las investigaciones que se realizan, si es que se llevan a cabo como con su sobrina, -recién acusada de recibir moches en Tamaulipas- Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien como en todos los casos, lo negó. El presidente la desconoció como parte de la gestión de daños.
El caso de la reforma eléctrica es ilustrativo. Primero la iniciativa que envió, fue para que la analizaran, pero a la hora de aprobarse, debería sin hacerle cambios ni a una coma; posteriormente, los morenistas aceptaron hacer algunos ajustes, luego de varios encuentros de análisis, foros, consultas y demás, pero poco después, volvió a solicitar que no se le hicieran cambios a su propuesta; se ha denunciado que hay ilegalidades en dicha propuesta, ya que no respeta lo establecido en el T-Mec, y donde los estadounidenses han insistido que si se acepta la propuesta inicial, se violarían preceptos establecidos en estos documentos. También ha amenazado con que, si no se aprueba su reforma, buscaría enviar iniciativas de ley para modificar las que le ayuden a cambiar el tema de la energía.
Otro ajuste que pretendió realizar, tratando de violar la Constitución fue la propuesta para extender el periodo de gestión por dos años, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando que, si el ministro presidente Arturo Saldívar había hecho la reforma del poder judicial, él era el indicado de proseguirla y aplicarla, pero se topó con la negativa de los ministros de la Corte, al no aceptar dichos cambios a la Constitución, por ser ilegales.
Acostumbrado a salirse con la suya, el presidente, ha buscado evitar y evadir los temas que le afectan, como el de su hijo mayor, que fue acusado de conflicto de intereses cuando se informó de haber utilizado una casa propiedad de un funcionario de una empresa petrolera a la que le habían entregado recursos millonarios como parte de contratos realizados con Pemex y es momento en que nada se sabe sobre si se investiga o no este caso. Lo único que trascendió es de que en Estados Unidos se abrió una investigación que aún no ha sido dada a conocer.
Su estilo de acusar, violentar, dividir, vilipendiar a sus adversarios, más no enemigos, -como el acusa-, ha sido para distraer la atención de los graves problemas que afectan a la sociedad mexicana y principalmente para evadir las acusaciones en contra de su familia que han permitido demostrar que su propósito de eliminar la corrupción solo fue un slogan de campaña.
El caso es que ni al presidente, ni a sus funcionarios, menos a los integrantes de Morena se les ha podido fincar responsabilidades por violar la Constitución y demás leyes que nos rigen actualmente, lo que lo hace un mandatario que no respeta lo que el prometió acatar cuando tomó posesión del cargo.
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