Miguel Tirado Rasso
El tiempo corre y el segundo período ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura concluirá en 30 días más. Con este motivo el Ejecutivo Federal ha formulado a los legisladores, una “recomendación respetuosa” para que voten ya y saquen adelante la reforma eléctrica, sin necesidad de convocar a un período extraordinario de sesiones.
La respuesta a esta instrucción, de inmediato movilizó a los diputados de Morena quedando instaladas, en sesión permanente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía para discutir la iniciativa de reforma eléctrica. En su ruta crítica, los presidentes de las comisiones, los morenistas Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, señalaron que distribuirán a los legisladores el proyecto de dictamen, a más tardar, el 4 de abril, con la intención de votar el dictamen el próximo día 11 y, en su caso, presentarlo al pleno dos días después. En un proceso fast track.
Esta reforma eléctrica ha venido tropezándose desde que, sin llegar al nivel de iniciativa de reforma constitucional de ahora, la secretaría de Energía (SENER) emitiera, en mayo de 2020, el Acuerdo que fijaba la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, con el que se pretendían anular varias disposiciones de la reforma energética promulgada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2013. El Acuerdo no prosperó por sus graves deficiencias jurídicas.
Un nuevo intento, ahora a través de una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, se presentó en febrero del año pasado para aplicar, prácticamente, en sus mismos términos el acuerdo de la SENER, sin la precaución de corregirle las fallas jurídicas que la SCJN había señalado al declarar su inconstitucionalidad (trasgrede las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia; concede ventajas irregulares a la CFE; altera la competencia en el mercado eléctrico; impone barreras a generación más barata). Y, bueno, por las prisas y cumplir con la “recomendación” de aprobar, sin modificarle ni una coma a la iniciativa presidencial, la bancada morenista vería frustrada la aplicación de su incólume ley, ante una cascada de amparos concedidos en su contra.
Elevada ahora a rango constitucional, la reforma eléctrica, se encuentra, una vez más, cumpliendo las etapas del proceso legislativo, sólo que, en condiciones diferentes, pues a Morena y sus aliados, el PT y PVEM, no le alcanzan sus votos para pasar la reforma de Palacio y están en la necesidad de cabildear, debatir y convencer a la oposición para que le sumen sus votos.
Podríamos suponer que el tema de esta reforma ha sido suficientemente analizado y debatido. Para la primera reforma energética, hace nueve años y, aún antes, se realizaron numerosos foros, mesas redondas y encuentros entre especialistas, empresarios, técnicos, etc. para estudiar los pros y los contras para una reforma en materia de electricidad. Este ejercicio se ha repetido varias veces, en los últimos años, inclusive con Parlamento Abierto, en la LXlV Legislatura (febrero de 2021) para el análisis de la entonces iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y, recién, en este año (enero 17 a febrero15), para la reforma constitucional.
El debate ha sido intenso y el esfuerzo por convencer de los inconvenientes y afectaciones de la nueva reforma eléctrica, más. Sin embargo, las posiciones de quiénes la apoyan y los que están en contra, parece irreconciliables. Los primeros, con argumentos políticos, ideológicos con mentalidad del pasado, no están dispuestos a aceptar los razonamientos técnicos y económicos con miras al futuro de quienes se oponen a la reforma.
Los parlamentos abiertos que sugieren espacios para escuchar argumentos y razones que permitirían ampliar o mejorar el conocimiento de un tema fundamental para el desarrollo del país, como es la industria eléctrica y su problemática, han resultado ser ejercicios de simulación de Morena, en los que ni ven ni escuchan a los que no opinan igual, como diría el clásico. Foros inútiles, sin trascendencia ni consecuencias. Diálogo de sordos, pues. En el caso del celebrado en febrero del año pasado, una vez concluidos los dos días del parlamento, la bancada de Morena aprobó la reforma, tal cual le enviaron de Palacio. Como si nadie hubiera aportado nada relevante en esos foros.
En el parlamento de este año, realizado en Mesas de Comisiones, Debates en el Canal del Congreso y Diálogos de la Jucopo durante un mes, mucho se dijo y se repitió, seguramente, lo expuesto en foros anteriores. Sin embargo, no se percibe sensibilidad para aceptar argumentos en contra y, menos, acordar modificaciones. Cuando parece que hay disposición para aceptar algunos cambios a la propuesta original, surgen declaraciones radicales para que se respete la instrucción de aprobarla sin modificaciones, con lo que queda claro que nunca hubo intención ni interés de atender lo expuesto en este ejercicio de participación ciudadana, que no habrá servido para nada.
La reforma eléctrica se decidirá por motivos políticos del interés de la 4T, nada que ver con razones técnicas ni pensando en el futuro del país.
