Los Privilegios del Poder
VERÓNICA V. GONZÁLEZ Y ARNOLDO PIÑÓN
En julio del año pasado el gobierno de México, bajo el Convenio 189, formalizó ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el registro del Convenio sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar remunerado.
La intención de este Convenio busca llevar todas las prestaciones de ley, que tienen los trabajadores de otros sectores, a más de 2.2 millones de trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados.
Este trabajo, el doméstico remunerado, es una de las ocupaciones con mayor proporción de empleo informal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se estima que 2.4 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, lo está de manera informal. De ellos, 92.5 por ciento son asalariados informales, 3.1 por ciento son trabajadores informales por cuenta propia y uno por ciento son trabajadores informales con percepciones no salariales.
De las mujeres ocupadas en el trabajo doméstico 47 por ciento tiene percepciones de hasta un salario mínimo, en tanto que en los hombres la proporción es de 27 por ciento.
Mientras que 4.7 por ciento de los hombres ocupados en el trabajo doméstico se encuentran en un rango de ingresos de tres salarios mínimos o más, únicamente 1.5 por ciento de las mujeres alcanzan en este nivel.
El camino del Gobierno hacia la ratificación de dicho Convenio data de diciembre de 2018 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió mediante amparo directo que las personas trabajadoras del hogar excluidas del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resultaba violatorio del derecho humano a la seguridad social.
Dicha resolución dio al IMSS la responsabilidad de diseñar e implementar un programa piloto para el aseguramiento de este sector, el cual puso el Instituto en marcha el primero de abril de 2019.
En consonancia con lo anterior, fue modificada el siete de julio de 2019, la fracción IV, del Artículo 12 de la Ley del Seguro Social, donde se incluyeron a las personas trabajadoras del hogar como sujetos de aseguramiento del Régimen Obligatorio.
En atención a lo anterior el IMSS ha intensificado su programa para que un mayor número de trabajadoras y trabajadores domésticos sean dados de alta por sus patrones, sin embargo, la tarea no ha sido fácil.
El hecho de que el espacio de trabajo sean domicilios particulares plantea retos entre la protección de los derechos de las trabajadoras y la inviolabilidad del espacio privado. Lo anterior implica mecanismos alternativos para alcanzar la meta deseada.
Debido a la invisibilidad del trabajo, la OIT en el documento Informe Técnico de Experiencias Internacionales en Inspección Laboral Sobre Trabajo del Hogar Remunerado en Países Seleccionados y Propuesta Integral para el Establecimiento de un Modelo de Inspección de Trabajo del Hogar Remunerado en México, ha recomendado a nuestro país reforzar el actual proceso de registro a la seguridad social a través de figuras públicas para que promuevan la afiliación. Convocar desde figuras deportivas hasta miembros de la cultura o el entretenimiento para que el mensaje llegue a distintos estratos sociales y se transversalice.
La fiscalización juega un papel importante en el alcance de la meta. Por ello, México requerirá de un fuerte impulso por parte del Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el apoyo de los Gobiernos estatales, inspecciones locales, organizaciones de personas trabajadoras y personas empleadoras, así como de los organismos internacionales especializados, como la OIT.
Sin embargo, destaca que, México cuenta con recursos limitados en materia de inspección del trabajo, especialmente si se los compara con las dimensiones de su mercado laboral. Actores clave de la STPS, señala la OIT, manifestaron su buena disposición para atender los nuevos desafíos que surgen de la ratificación del Convenio 189 por el país. Al mismo tiempo, expresaron su preocupación por la escasa cantidad de inspectores con que cuentan para ello.
Solucionar esta falencia es fundamental para poder cumplir con las obligaciones emergentes de la entrada en vigencia del Convenio 189. En este sentido, será necesario un importante reforzamiento en materia de capital humano por parte del Gobierno Federal, así como de los Gobiernos estatales. Si bien existe un alto grado de compromiso y dedicación, resulta materialmente imposible atender este nuevo escenario con solo 499 inspectores de la STPS, concluye, la OIT.
Dar a las trabajadoras domésticas remuneradas seguridad social requiere de un arduo trabajo por parte de la las entidades laborales y el IMSS, llegar a la meta establecida no será posible si no se cuenta con los recursos humanos suficientes, el trabajo legislativo en este sentido quedará solo como buenos deseos.
