Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Todos los problemas judiciales tienen algo de personal. Si bien es cierto hay layes que afectan intereses y son recurridos al Poder Judicial de la Federación a través de la Ley de Amparo, en otros casos se busca, según se consigna, “que se haga justicia”.
Conocidos dos audios de conversaciones entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y su subordinado, Juan Ramos López, fiscal especializado en Control Competencial, en los que hablan de un proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán por el caso de la acusación que pesa en contra de Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, pareja sentimental de Federico Gertz Manero y que, siendo un documento privado y no dado a conocer públicamente, dicen entre ellos que el togado no cumplió lo que prometió y que todo indica que irá por apoyar el amparo, con lo cual la detenida sería puesta en libertad.
Un embrollo personal que le pegó en la línea de flotación del Fiscal, quien hace notar, sin decirlo abiertamente, que es sujeto de espionaje.
Más allá de los dimes y diretes lo que se exhibió es que el Fiscal General hace uso de su fuerza ante el Poder Judicial de la Federación al que pretende enseñarle el camino por el que debe andar.
El tema escaló con un breve comunicado emitido por la SCJN en respuesta a una carta enviada por Gertz Manero y cuyo contenido solamente conocen los ministros, señaló: “Todos los asuntos de la corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones pública en las que las Ministras y Ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”.
Una respuesta casi inusual en los tiempos en que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, ha mostrado su inclinación abierta a atender asuntos “sugeridos” por el poder Ejecutivo Federal (léase Andrés Manuel López).
Por cierto, en la mañanera de ayer, el presidente López ratificó su confianza plena en el Fiscal y acusó la existencia de intereses políticos en la embestida contra Gertz Manero, que los calificó como otro ataque a su gobierno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación vive una etapa “bajo fuego” desde Palacio Nacional, las Cámaras del Congreso de la Unión, algunas Secretarías de Estado y, también, de empresas productivas del Estado, además de influyentes contratistas que reclaman la protección de la justicia federal ante la amenaza de afectar sus intereses, sus inversiones, en los sectores petrolero y de energías limpias.
Es probable que el Pleno de la Corte aborde este martes el tema que trae irritado al Fiscal General y que, como lo dialogaba con su subordinado, el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán vaya en el sentido de conceder el amparo y el caso se le desmoronaría a la autónoma Fiscalía.
Lo que se advierte, sin necesidad de pruebas contundentes, es que desde el ejercicio autónomo de la Fiscalía se pretende someter el criterio de los ministros que, en uso de sus facultades por representar a UNO PODER DE LA FEDERACIÓN, toman sus decisiones.
Sin embargo, al presidente no le importa lo que haga su fiscal. Simplemente se encoge de hombros y dice: no ha sido juzgado y por tanto no hay razón para que se separe del cargo.
En tiempos de opositor, por menos que este affaire estaría pidiendo cárcel, pena de muerte y fusilamiento para los “corruptos neoliberales” que hacen “uso faccioso de las instituciones”.
El poder los hace igual o peores.
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