Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
México vive hoy una crisis poblacional en varios de los municipios de por lo menos 10 estados de la República, como consecuencia de la migración que se registra ante el desarrollo del crimen organizado en la mitad de las entidades de la República Mexicana y el azote de la pandemia en prácticamente todo el país, pero con especial fuerza en las municipalidades donde no se cuenta con los servicios de salud y la infraestructura necesarios.
En el primer caso, con el paso de los meses se ha incrementado la salida de habitantes hacia otras regiones, ante la acción de los criminales que los han dejado sin tierras de siembra, los amenazan y los matan.
Hoy no lo sabemos, pero, por ejemplo, entre 2005 y 2010, fueron 3.3 millones de personas las que cambiaron de entidad federativa y 3.1 millones lo hicieron entre municipios de la misma entidad. Sólo hay que esperar sentados a que las autoridades o los especialistas informen sobre los mencionados desplazamientos debido al crimen organizado y a la pandemia.
Como ha denunciado México Social, que debido a la intensa dinámica del crimen organizado en México, y su enorme movilidad y cambio de presencia en varias entidades, ha llevado a que, por ejemplo, en los primeros 9 meses de 2021, la entidad que registra la mayor tasa de homicidios dolosos es Zacatecas, con un indicador de 72.7 por cada 100 mil; Baja California, 64.2; Colima, 50.9; Chihuahua, 49.1; Sonora, 46.6; Guanajuato 42.3; y Michoacán y Morelos, con 40.8 y 40.5 víctimas por cada 100 mil habitantes, cada uno de ellos.
Las recientes estrategias desarrolladas desde el gobierno (muy similares a las llevadas a cabo durante el mandato de Felipe Calderón, por lo que se trata de usar un disfraz, aunque sin declaración de guerra), se llevan a cabo en Michoacán (con menores estrategias también en Colima y Zacatecas), entidad en la que se registraba un abundante desplazamiento en los 55 municipios donde operan los delincuentes, mismos que abarcan fundamentalmente toda la Tierra Caliente y los que son colindantes con el Estado de México.
Tal vez, pronto sepamos, en parte, los resultados en estos primeros meses de acción, aunque ese tipo de problemática también se desarrolla en otras entidades de la República. De acuerdo a cifras oficiales el año pasado se estuvieron registrando, por ejemplo, la mayor tasa de homicidios dolosos en las municipalidades de Zacatecas (con Fresnillo a la cabeza), con un indicador de 72.7 por cada 100 mil habitantes. Le siguen: los de Baja California, con 64.2; de Colima, 50.9; de Chihuahua, 49.1; de Sonora, 46.6; de Guanajuato 42.3; y de Michoacán y Morelos, con 40.8 y 40.5 víctimas por cada 100 mil habitantes, cada uno.
Esa estrategia en Michoacán es el inicio y desarrollo en otras entidades (presuntamente en nueve), debido a que la emigración de los habitantes de las localidades pequeñas, aseguran los especialistas, ha puesto acento en la dispersión de la población, afectando el bienestar, la disponibilidad de equipamiento, bienes y servicios, así como la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social.
Se ha dicho también que la falta de equipamiento incrementa la vulnerabilidad de la población, mientras que la inexistencia de oportunidades incide en la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales locales.
Lo grave, es que en este 2022, de acuerdo con la organización México Evalúa:
“Ante el flagelo de la violencia letal en México, tanto el Gobierno federal actual como el anterior han apostado por implementar a medio mandato una estrategia de atención prioritaria en 50 municipios. Sin embargo, estas priorizaciones no han tomado en cuenta el riesgo diferenciado de victimización entre municipios, ni tampoco las interacciones entre éstos y los territorios aledaños”.
También dice: “…aunque carecemos de una evaluación de impacto que permita aislar los efectos –positivos, negativos o nulos– de ambas estrategias sobre la evolución de los homicidios, lo que sí podemos afirmar es que 36 de los 50 municipios más letales del país siguen siendo los mismos desde el sexenio de Peña Nieto”.
Es posible, porque esta problemática no inició ayer, aunque ha sido abandonada desde el gobierno federal tanto en la anterior administración como en la actual y es hasta ahora que se observan ciertas acciones.
México Evalúa, precisa, además:
“No se puede negar que las policías municipales no puedan enfrentar los desafíos actuales. De hecho, por ley, atender a la delincuencia organizada ni siquiera es su misión. Entonces no reprochemos la dejación de una tarea que nunca les correspondió, y no confundamos el síntoma con la enfermedad, cuyo diagnóstico es producto de décadas de exposición a la violencia, debilitamiento institucional, carencias financieras, vulnerabilidades humanas y una tremenda falta de voluntad política compartida por los tres niveles de gobierno”.
LOCALIDADES, DE LA
ESCASÉZ Y EL DOLOR
Y en cuanto a la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas ha dejado muy claro:
“La emigración de los habitantes de las localidades pequeñas ha acentuado la dispersión de la población, afectando el bienestar, la disponibilidad de equipamiento, bienes y servicios, así como la creación de oportunidades para el desarrollo económico y social. La falta de equipamiento incrementa la vulnerabilidad de la población, mientras que la inexistencia de oportunidades incide en la sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales locales”.
Eduardo López Moreno, director interino de la oficina de ONU-Habitat México y Cuba precisó recientemente:
“Desde el Sistema de Naciones Unidas en México, somos conscientes de que, en el proceso de recuperación socioeconómica, la creación conjunta de estrategias, de la mano de comunidades, la sociedad civil organizada, los sectores productivos y la academia es un elemento fundamental, por lo tanto, la guía propone estrategias de gobernanza participativas tanto con los actores presentes en cada territorio, como con las autoridades estatales y federales.
“Este esfuerzo mancomunado debe garantizar que las acciones implementadas se orienten hacia un futuro más próspero, inclusivo y sostenible, con soluciones holísticas duraderas que fomenten derechos laborales, sociales y económicos, que consideren el interés superior de la infancia, promuevan la participación de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, para no dejar a nadie ni a ningún lugar atrás”.
Así estamos.
