Al advertir que más de dos mil personas en contexto de movilidad manifestadas afuera de las oficinas de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), entre las que se encuentran mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA), así como solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, permanecen en condiciones contrarias al respeto de su dignidad y en detrimento al correcto cuidado de NNA, lo que pudiera generar afectaciones a su salud, integridad y seguridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicita al INM, Secretaría de Salud, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y a la secretarías de Salud y Protección Civil de Chiapas la implementación de medidas cautelares, derivadas de los siguientes hechos.
El pasado 2 de febrero, el director de Pueblos sin Fronteras, A.C. y un grupo de 100 personas en contexto de migración internacional se manifestaron en las oficinas de la Subdirección de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, Chiapas, para solicitar su regularización migratoria. Al lugar acudieron otros migrantes hasta sumar aproximadamente 500 personas de diversas nacionalidades, entre ellas niñas, niños y adolescentes, quienes fueron acompañadas por personal de esta Comisión Nacional.
Derivado de ello, el INM acordó con los manifestantes que entregaría tarjetas por razones humanitarias a quienes contaran con una constancia de trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, mientras que a todos aquellos reconocidos como refugiados por la COMAR les expediría tarjetas de residente permanente; ese 2 de febrero se entregaron 60 tarjetas por razones humanitarias, quedando pendiente de resolver el trámite migratorio de aproximadamente 440 personas, quienes continúan varadas en Tapachula, Chiapas.
No obstante lo anterior, el 3 de febrero de 2022 personal de este Organismo Nacional documentó que aproximadamente dos mil personas no nacionales llegaron a las oficinas de la mencionada Subdirección, entre los que se encontraban solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, quienes refirieron a medios de comunicación que el INM ha intensificado operativos para detenerlos, acciones durante las cuales destruyen los documentos expedidos por la COMAR y luego los trasladan a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
En esta última ocasión, se celebró reunión entre el INM y representantes de los manifestantes, en la que servidores públicos de este Organismo Nacional solicitaron al INM dialogara con ellos y se privilegiara la comunicación para explicarles los procedimientos migratorios, así como brindarles la atención y facilidades del caso, sin que se llegara a acuerdos concretos; por estos hechos se recabó una queja del Director de Pueblos Sin Fronteras, A.C.
Por lo anterior, la CNDH solicita las siguientes medidas cautelares:
Que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, se garantice la atención humanitaria de urgencia a las personas manifestantes; que se les proporcione agua, suero hidratante, personal médico, especializado y de primeros auxilios, medicamentos y, de ser el caso, ambulancias para conducciones a hospital, especialistas que brinden atención psicológica, insumos de aseo personal, pañales desechables, entre otros.
Asimismo, al INM y la COMAR se les solicitó que de manera inmediata generen mesas de trabajo con la finalidad de agilizar los procedimientos de regularización migratoria, o el de reconocimiento de la condición de refugiado, para que sean resueltos de conformidad con las leyes en la materia, establezcan los recursos técnicos y humanos para llevarlos a cabo y mantengan informadas a las personas solicitantes sobre el curso de cada uno de sus trámites. Igualmente, que el INM garantice el tránsito libre por territorio nacional de las personas una vez emitidos los documentos de identificación correspondientes.
Estas Medidas Cautelares ya han sido notificadas a las citadas autoridades, por lo que la CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten los Derechos Humanos de las personas en situación de migración internacional.
