Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
En nuestro país, el periodismo resulta ser la actividad profesional más riesgosa. Según datos de Artículo 19 (organización fundada en Londres, Inglaterra en 1987, que toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), de 2000 a la fecha se han registrado 148 asesinatos de periodistas en México (136 hombres y 12 mujeres), crímenes relacionados, muy probablemente, con su labor informativa. Lamentablemente, habría que corregir la cifra anterior, pues apenas el lunes de esta semana otro periodista, Roberto Toledo, de Monitor Michoacán, habría sido asesinado, después de que la empresa de medios hubiera recibido varias amenazas, según información de su director.
Cuatro periodistas muertos, sólo en el primer mes del año. 29 ya, en lo que va de la primera mitad de esta administración, que la coloca como la de mayor número de asesinatos de miembros de este gremio en los últimos cuatro gobiernos. En los primeros tres años y dos meses del gobierno de Vicente Fox, fueron asesinados seis periodistas; en el mismo período, con Felipe Calderón, fueron 25 y con Enrique Peña Nieto, 17. (Artículo 19)
Está claro que el Mecanismo de Protección a Personas de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fundado hace diez años, no funciona. Son varios los casos en que, estando las víctimas bajo su supuesta protección, el sistema resultó ineficiente e incapaz de evitar la agresión, con resultados fatales. Ahora, tras el crimen de las primeras tres víctimas de este año, se anunció que estos mecanismos de protección serían materia de revisión a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Un poco tardía la reacción, tras casi tres decenas de muertes, en las que prevalece la impunidad, pues para los agresores, está claro que las investigaciones rara vez culminan con éxito. El propio subsecretario Encinas reconoce que el 90 por ciento de las agresiones y homicidios contra periodistas y activistas, no son sancionados. Actualmente el Mecanismo protege a 1,506 personas, 88 por ciento más que al inicio de este gobierno, según indicó el subsecretario.
En este enrarecido ambiente de la información, poco ayudan los mensajes, comentarios y adjetivos desde Palacio en contra de una prensa crítica, que señala fallas, errores y faltas del quehacer gubernamental y que se le tacha de tendenciosa, amarillista y mercenaria. Una violencia verbal, que se multiplica y repercute en otros niveles con agravantes. Según los registros de Artículo 19, los principales agresores de periodistas son funcionarios públicos y partidos políticos. “De las 362 agresiones que registramos en el primer semestre del año pasado, más de la mitad, 193, tiene que ver con la cobertura de corrupción y política”, señaló su director, Leopoldo Maldonado, resultando más peligrosa esa fuente que la policíaca.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, que publica anualmente la organización Reporteros sin Fronteras, en la que se analiza el grado de libertad del que gozan los periodistas, con una valoración sobre el pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, la calidad del marco legal y la seguridad de los periodistas, México ocupa el lugar 143 de 180 países enlistados.
Pero en el nivel de peligrosidad para ejercer el periodismo, esta organización nos coloca, por tercer año consecutivo, en el liderazgo, “el más mortífero del mundo para la prensa,” arriba de Afganistán, según se lee en el Balance Anual de 2021.
En este contexto, habría que agregar otras formas de agresión a la libertad de información y de expresión, que surgen por ahí, como la supuesta defensa de los derechos de las audiencias, a las que se considera menores de edad, ingenuas y fácil de ser engañadas, por lo que requieren de un censor oficial que clasifique la información que se transmite, separe la información de la opinión y sancione a las empresas que no hagan esta distinción.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, ha desempolvado lo que en su momento se conoció como Ley Mordaza, reviviendo su vigencia que faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a ordenarles lineamientos de ética a las televisoras y radiodifusoras para normar sus contenidos. Obliga a que se explique cuándo los contenidos de un programa son noticias informativas o bien, opiniones de quienes los exponen, algo imposible en la práctica. Cómo realizar una entrevista sin que el entrevistado, al informar sobre su tema, emita su punto de vista.
Una norma retrógrada que amenaza el libre ejercicio del periodismo. Un acto de censura que esperemos enmiende la propia Corte, pues no son tiempos de frenar opiniones críticas o no, ideas y análisis, que siempre significarán aportaciones para el mejor conocimiento de los hechos. La audiencia tendrá siempre la libertad de aceptar o rechazar lo que se le está transmitiendo, sin la necesidad de un censor
oficial que, además, no garantiza objetividad ni veracidad.
