Por Jesús Michel Narváez
Ahora sí que perdimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que “condena los actos de intimidación y censura” cometidos contra familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y solicita a las autoridades federales y estatales garantizar su derecho a la manifestación pacífica”.
¿Intimidación y censura?
De esas acciones raras, la Guardia Nacional llegó “en tiempo y forma” a la caseta de cobro de Palo Blanco en la autopista del Sol e impidió que los disfrazados de familiares de los 43 mantuvieran su “negocio operando”.
Sí, los que llama la CNDH familiares de los 43, bajo la cuestionable presidencia de Rosario Piedra, no son otros que vándalos que toman las casetas, corren a los empleados, cierran los carriles de pago con tang y obligan a los conductores a “cooperar para la causa”.
Cruzar sin pagar formalmente, cuesta entre 50 y 100 pesos por auto. El riesgo no solamente es ser agredido verbal de entrada y físicamente de salida, sino que al no existir el registro del pago, los pasajeros y los vehículos no quedan asegurados.
Y es en ese tramo en donde mayormente se registran accidentes.
El “negocio” sin registro ante el Sistema de Administración Tributaria, genera pingües ganancias que, en un fin de semana puede rebasar los 300 mil pesos.
La CNDH afirma que los “familiares” de los 43 se dirigían a la Plaza de Cobro “para realizar una manifestación pacífica” cuando elementos de la Guardia Nacional la impidieron.
En un comunicado -si así se le puede llamar- del organismo, se precisa:
“Elementos de la Guardia Nacional (GN) y policías del estado de Guerrero impidieron que madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, acompañados por alumnos de la Normal Rural, arribaran este 28 de enero a la Plaza de Cobro de Palo Blanco, de la Autopista del Sol, para realizar un mitin donde exigirían la presentación con vida de sus seres queridos de acuerdo con información publicada en medios de comunicación”.
Agrega: La CNDH considera que las acciones realizadas por las fuerzas de seguridad federales y estatales impidieron que las víctimas indirectas de los lamentables hechos, ocurridos el 26 de septiembre de 2014, ejercieran de manera efectiva sus derechos de reunión, asociación y expresión, consagrados en leyes nacionales e instrumentos internacionales.
¿Víctimas indirectas o directas por ser familiares?
En fin, queda claro que en la CNDH los empleados pomposamente llamados visitadores, están ausentes de la realidad. No corroboraron los hechos, sino que se basaron en “información publicada en medios de comunicación”. Para empezar, en Palo Blanco no hay un solo medio de información. Los de Chilpancingo no se mueven más para cubrir estos cierres de caseta y de la autopista, porque ya saben quienes ejercen las acciones.
Los familiares de los 43 han sido los más atendidos, si no es que los únicos, por el presidente de la República y a tres años de mandato, le exigen ordenar abrir los archivos de la Defensa Nacional, en los que, según Vidulfo Rosales “hay valiosa información” sobre los acontecimientos de septiembre de 2014.
Así como el “comunicado” de la CNDH invoca los derechos de reunión, asociación y expresión, consagrados en leyes nacionales e instrumentos, también debería hacerlo con respecto al “libre tránsito”.
Ah, no eso sí que no, porque los automovilistas son fifís, corruptos y neoliberales, mientras que los “familiares” de los 43 solamente reclaman, de manera pacífica, que sus “seres queridos aparezcan con vida”.
En el fondo subyace únicamente un tema: recopilar dinero para su “causa” no para que los 43 resuciten.
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