Nueve meses después de que el Gobierno Federal anunciara la reapertura del caso Digna Ochoa la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que abrirá nuevamente la investigación.
El caso Digna Ochoa y Plácido hace referencia a la muerte de la destacada abogada y defensora de derechos humanos que participó en investigaciones de alto perfil.
El 19 de octubre de 2001 fue hallada sin vida en un despacho jurídico con un disparo en una pierna, otro en la cabeza y uno más en un sillón.
La investigación judicial determinó que se trató de un suicidio, pero la familia recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para denunciar que el Estado mexicano incurrió en serias irregularidades en el proceso y que en realidad la muerte de Digna Ochoa corresponde a un homicidio en un contexto de agresiones, amenazas y violaciones a los derechos de los defensores en México.
En abril de 2021 el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales derivada de la muerte de la defensora y abogada e informó la reapertura del caso.
La Fiscalía capitalina informó que apenas el 21 de enero fue notificada de la sentencia de la CorteIDH relacionada a la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido.
En cumplimiento de la resolución la fiscal Ernestina Godoy instruyó la reapertura de la investigación adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales; poniendo al centro a las víctimas; así como con objetividad, imparcialidad y rigor científico.
Mientras tanto, ya se celebró un encuentro y diálogo con la familia de la activista, así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y de la propia FGJ-CDMX.
Para el caso concreto de la reapertura de la investigación, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes para avanzar en el diseño de un plan de investigación, lo anterior, de conformidad al compromiso para que la indagatoria garantice la participación activa de la familia y sus representantes, en un marco de actuación sustentado en la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género.
También, esto conlleva a una conducción estratégica de las acciones de investigación que permitan a la familia, a las personas defensoras de derechos humanos y a la comunidad identificar el compromiso de las autoridades por el esclarecimiento de los hechos y el valor que tiene recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración y administración de justicia.
