Por Jesús Michel Narváez
Ya no queda duda: a la 4t, en todos sus órdenes de gobierno, no le gustan las “clases acomodadas”.
La constante es elevar costos al consumidor de agua, energía eléctrica, predial, tenencia, verificación.
Pareciera que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México está al frente de una capital en la que los servicios públicos son de “primerísima calidad”.
Lo cierto es que quienes habitamos en la Capital del País nos damos cuenta de los pésimos servicios que nos brindan.
Sin ir lejos, desde hace dos años la energía eléctrica ha subido constantemente; el predial lo incrementaron desde el 2020 en 35 por ciento y los descuentos por pago anualizado se redujeron del 10 al 8 y 5 por ciento; el agua multiplicó su costo y no solamente se incrementó el 35 por ciento como dice la “Muñequita preferida del profesor” sino en 300 por ciento; la recolección de basura en las alcaldías gobernadas por las oposiciones es inconstante y en lugar de recogerla tres veces a la semana lo hacen dos cuando mucho.
La tenencia se mantiene al alza “por los ajustes a la “inflación” y se amenaza a los propietarios de autos con multarlos por emplacar en entidades donde no se cobra. La vigilancia policíaca es cada día más deficiente y, aunque con sus otros datos nos informen que se ha reducido el robo a transeúntes, en transporte público y en los hogares, hay miles de atracos todos los días. En el sistema de salud pública, las fallas se multiplican y baste observar las largas filas de personas formadas en espera de una prueba rápida. Aunque se ordenó que los privados que prestan este servicio de emergencia cobren 60 pesos por prueba, mantienen su tarifa de 250 la más baja y 400 la más cara.
Hay que agradecer a los diputados locales del PAN -han sido los únicos- haber desvelado el misterio del aumento desmedido en los costos de agua. Los consumidores lo hemos resentido y en serio.
Sin embargo, la gobernadora capitalina afirma que el aumento se aprobó desde 2020 y no se hizo efectivo por la pandemia.
Podría haber estado aprobado y seguir en la congeladora si las 16 alcaldías estuvieran en manos de morenistas. Haber perdido 9 en las pasadas elecciones, fue un golpe el que no se repone ni el mismísimo huésped temporal de Palacio Nacional y menos la vecina que trabaja en el Viejo Ayuntamiento.
Ella desmiente que tenga “tinte electoral” el incremento del llamado vital líquido y que todo obedece a que quienes más consuman paguen más. Porque, afirma, el agua es un derecho humano.
Si esa fuera la verdad, entonces los riquillos, los clasemedieros aspiracionistas ¿no son humanos y no tienen ese derecho?
Con la mayor displicencia se trata a los que cubren importantes sumas para el erario capitalino. Abusar en aras de los derechos humanos, nunca será el camino ideal.
Nadie se niega a pagar por lo que consume, pero se debe ser equitativo. Dice la constitución que “todos somos iguales” y, en la realidad, somos tratados de manera desigual.
Los servicios públicos en la Ciudad de México -se dice que en todo el país, pero aquí nos tocó vivir- son deplorables y no hay visos de mejora.
¿En qué se invertirán los recursos que representen los incremento en el consumo de agua?
De eso, de eso no habla la democrática Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
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