Por Jesús Michel Narváez
Bajo el argumento de dar vigencia al “Derecho de las Audiencias” de radio y televisión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante de la Primera Sala de la Suprema Corte e Justicia de la Nación, ordenó que en cualquier contenido de las estaciones de radio y televisión del país se deba diferenciar entre información noticiosa y la opinión de quien la comunica.
Ante la decisión, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión la consideró UN ATAQUE DIRECTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LOS DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS,
por lo que impugnará con los recursos que la ley confiere.
“Se trata de una obligación de imposible cumplimiento en la realidad y que va en contra del más elemental sentido común. La libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus comunicadores es la que les permite entreverar noticia y opinión; decidir la agilidad con la que se hace uso la comunicación; el derecho a la libertad editorial y el momento y la forma en que se utiliza. Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y la televisión a controles y sanciones burocráticas, que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación”, de la CIRT.
Abunda: “Ante esta grave imposición sobre la radio y la televisión, se corre el riesgo inminente de que sean cancelados la mayor parte de los programas noticiosos y que se eliminen aquellas notas informativas en que terceros no distinguen entre información y opinión. Tal medida afectará la dinámica de trabajo de todos los medios, tanto públicos como privados, como es el caso de la transmisión de los encuentros en “Las mañaneras” del C. Presidente de la República, si no hace una clara distinción entre noticia y opinión”.
El organismo puntualiza: “Estamos frente a un gran retroceso en la libertad de información y de expresión; probablemente el más grave de los últimos 45 años. La CIRT y los comunicadores de sus más de 1,400 estaciones de radio y televisión afiliadas refrendan su compromiso con la audiencia de que darán la batalla para no ser censurados y que haremos uso de todos los recursos legales que la ley nos concede para continuar ofreciendo a la audiencia mexicana contenidos de calidad, ágiles, entretenidos, comprometidos con la verdad y, antes que cualquier cosa: emitidos con total libertad y sin controles del Estado”.
Uno se tiene que preguntar cómo se definirá opinión de noticias. Un entrevistado puede hacer declaraciones y al mismo tiempo dar una noticia importante y conjuntarla con una opinión.
Quienes participamos en la radio, generamos noticias. No solamente comentamos o informamos las versiones oficiales que emiten las oficinas de prensa. Como periodistas profesionales, conocemos los límites públicos y respetamos a la audiencia. De eso no debe quedar la menor duda.
Por ello, la decisión de la Primera Sala, presidida por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, propuesta por el presidente López al igual que González Alcántara Carrancá, impone un criterio que, como señala la CIRT, es imposible de cumplir.
Obliga a los conductores de programas e incluso a reporteros que transmiten en vivo, a ceñirse a un patrón que no es otra cosa que censura.
¿Cómo no opinar en una entrevista?… ¿o en un espacio editorial?
El periodista conductor de un programa, puede leer una nota y para darle la importancia que merece debe apoyarse en orígenes y transmitir el contexto en que se ha generado. En la narración se tiene que opinar al referirse a los hechos consumados que obligaron a una acción política, social o deportiva.
¿No podremos decir que fulano de tal proviene de una familia de criminales de cuello blanco?… ¿Qué el sacerdote tal violó la constitución con el sermón pronunciado?
Habrá que leer la letra chiquita de la ley para saber qué busca el Estado, léase el presidente de la República, al cercenar el derecho a la libre expresión.
Y con el debido respeto a las audiencias, ellas tienen la libertad de cambiar de estación o canal. Es su derecho. ¿Dónde queda el nuestro, el de los periodistas que preguntamos y hacemos comentarios con información veraz?
La Corte debe ser garante de las libertades no enemiga de ellas.
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