Los grupos parlamentario de la alianza Va Por México (PAN, PRI y PRD) solicitaron a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presentar una controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura, y permite la autorización de permisos y licencias provisionales para los mismos de manera fast-track y en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Por conducto de la Junta de Coordinación Política que presidente el priísta Rubén Moreira, la oposición solicitó formalmente se realicen el tramité correspondiente para promover la controversia pues consideró que el llamado “decretazo” es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos tres y cuatro de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el gobierno federal.
En un comunicado, las bancadas coaligadas estimaron que las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, además de que exceptúa el cumplir los requisitos establecidos en ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional.
Consideraron que se vulnera el marco normativo que establece el otorgamiento de autorizaciones si se cuenta con información adecuada para determinar su procedencia y se daría pie a que no haya evaluaciones de impacto ambiental ni de impacto social de los proyectos. Con las autorizaciones provisionales, se crea una figura no prevista en la ley, añadieron.
“Al catalogarse como de interés público y de seguridad nacional esos proyectos podrán ser clasificados y la información relativa a ellos no será de naturaleza pública, y en consecuencia se alentará la opacidad”, puntualizaron las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, luego de estimar que “no es legal ni constitucional que el Ejecutivo Federal cree excepciones mediante acuerdos unilaterales y sin fundamento legal”.
Entre otros puntos para sustentar la demanda indican que el acuerdo viola las atribuciones conferidas exclusivamente al poder legislativo al instruir la realización de acciones sin atender o subordinarse a las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes Federales y Generales que fueron votadas y aprobadas por el Poder Legislativo, por lo que quebranta el principio de división de poderes establecida en la Carta Magna.
