Por Jesús Michel Narváez
De seguir la tendencia de firmas legales, el INE avalará la Revocación de Mandato.
Hasta el pasado martes, el organismo tiene acreditadas 2 millones 140 mil firmas en lista nominal, de los 2 millones 758 mil 227 requeridas. Es decir, cuando concluya el plazo este 31 de enero, sin duda habrá las suficientes para convocar al ejercicio democrático.
Habrá que aplaudir al INE por reconocer el trabajo de los recolectores, aunque no dejará dura de que hay millones -se calcula unos 3- de firmas apócrifas, lo que evidencia que no se respetaron las reglas del juego.
Al completarse el número requerido, el INE podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda los recursos que le faltan para realizar la Revocación, estimados en mil 738 millones de pesos.
La solicitud se apega a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la respuesta de la Corte al INE.
Sin embargo, el secretario de Gobernación ratificó el planteamiento presidencial y presentará un “plan de austeridad” para que sea el organismo el que aporte los recursos. Ello en contradicción con lo propuesto por el presidente López de que se podrían obtener recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Legalmente el INE está obligado a cumplir con lo mandatado. El pero lo constituye la Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato que exige la instalación del mismo número de casillas de la última elección. Esto es, la del 6 de junio del 2021 y que contó con 167 mil mesas receptoras.
¿Qué hacer para cumplir?
¡Milagros!
No hay otra forma. Desde el INE, su consejero presidente, ha señalado que con los recursos con que cuenta el órgano electoral -mil 538 millones de pesos- obligaría a reducir el número de casillas, no capacitar al personal, confiar en la participación de los ciudadanos de asistir para estar al frente de las mesas y tratar de cumplir de la mejor manera.
No es solución al problema.
Porque el Instituto Nacional Electoral, sus 11 consejeros -aquí no se salva uno- estarían incumpliendo la ley y en las circunstancias actuales eso representaría que la espada de Damocles caiga sobre las cabezas de los once.
Si ya existe una denuncia penal en contra de 6 por haber avalado en sesión de Consejo General la posposición del ejercicio, hay que imaginar lo que vendrá si no acatan la ley.
No se debe olvidar la actitud amenazadora del gobierno federal. La actuación de “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie” no deja de ser “la Ley del Embudo”: ancho para los familiares y cuates y angosto para los adversarios fifís y neoliberales.
Quizá en el momento oportuno, no más allá de la última semana de enero, Hacienda reciba la orden de entregar los recursos para que la “revocación” le caiga como anillo al dedo al presidente López.
Ojalá y no se equivoque en sus cálculos.
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