Diputadas del PRI exhortaron a las autoridades del gobierno de la Cuarta Transformación a cancelar la Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020, ante el grave problema que desatará la misma, que amenaza con el cierre de colegios privados, por considerarlos como empresas y no centros de educación, como lo denuncian representantes de 4 mil instituciones de educación particular.
Las diputadas Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cynthia López Castro, Sayonara Vargas Rodríguez, Melissa Vargas Camacho y Karla Ayala Villalobos, integrantes del PRI, en San Lázaro, exhortaron a la Secretaría de Economía (SE), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a evitar la sobrerregulación de las escuelas privadas.
Las diputadas priistas señalaron que la normatividad que el gobierno federal quiere imponer es preocupante, porque México aún se encuentra inmerso en las consecuencias económicas, políticas y sociales, derivadas de la pandemia y la entrada en vigor de esta NOM, sin escuchar a las partes involucradas, lejos de acercar soluciones para la reactivación económica, va a generar un problema más profundo en la educación en nuestro país.
De lo contrario, habrá cierre masivo de las mismas y la generación de mayores costos para los padres de familia que inscriben a sus hijos en estos colegios.
Ante las denuncias de autoritarismo y parcialidad de diversas organizaciones que representan a más de 4 mil instituciones de educación particular, de nivel básico a superior, las legisladoras priistas hicieron un llamado a estas instituciones para que se cancele el proceso del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-2020, servicios educativos.
Esto, hasta en tanto no se realice un diagnóstico del impacto que tendrá en las escuelas particulares del país, así como evitar reducir los servicios educativos que prestan a actividades meramente mercantiles, con normas oficiales de regulación.
Tras afirmar que las pequeñas escuelas corren mayor riesgo por esa Norma, las diputadas federales explicaron que la regulación pretende establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar sobre los servicios que se presten.
Esto, bajo los principios de transparencia y calidad de los mismos, pero trata a los colegios particulares de manera diferenciada, por lo que cuestionaron la obligatoriedad que también deben tener las escuelas públicas para informar a los padres de familia.
Advirtieron que las clases medias bajas serán las más afectadas en su economía familiar, ya que, de aprobarse esta regulación, las escuelas estarán obligadas a aumentar sus cuotas.
Detallaron que, en el ciclo escolar previo, el 85 por ciento de la reducción de la matrícula se registró en escuelas privadas. Otro dato reportado, dijeron, es que las escuelas de educación básica privadas representan 77.8 por ciento de las que cerraron (mil 223 de mil 572), se redujo el 73.3 por ciento de su matrícula y tuvieron el 82.8 por ciento de la baja en el número de maestros (12 mil 698 de 15 mil 343).
“No se puede generar una política pública partiendo de un estigma hacia la educación privada, pensando que quienes asisten a estas escuelas pertenecen a una clase social alta, al contrario, son muchas las madres y padres de familia que optan por enviar a sus hijos e hijas a escuelas privadas y lo hacen destinando gran parte de su ingreso familiar, incluso se valen de los apoyos fiscales, como el deducir colegiaturas, para hacer viable esta educación para sus hijas e hijos”, concluyeron las representantes populares del PRI.
