Por Victor Alarcón Olguin
La reciente votación de 6 a 5 en el pleno de Consejo General del INE con respecto a posponer la consulta ciudadana en materia de la revocación presidencial abre un abanico de escenarios que pueden poner en riesgo a la propia viabilidad de la institución.
En primer lugar, la presidencia del Instituto ha sido muy clara (tal y como ocurrió con la consulta popular celebrada este año), de que no se dispone de los recursos suficientes para hacer dicho ejercicio bajo una esquema de cobertura similar a la de una elección federal constitucional. Promovió una controversia ante la SCJN y la misma fue puntual en su respuesta: debe hacerse con los recursos asignados. Por desgracia, la mayoría pro-gobierno en la Cámara de Diputados no fue receptiva y decidió aprobar el presupuesto de egresos 2022 sin atender la petición de ampliación presupuestal.
La acción es nuevamente dolosa por parte de dichos legisladores, porque justo prosiguen en su intento de “asfixiar” y “doblar” a quienes ahora son calificados como “enemigos de la democracia participativa” siguiendo la línea argumental del Ejecutivo federal. Y es un acto doloso porque se debe recordar que cuando se asignan recursos a una entidad, estos difícilmente se pueden mover de las partidas adonde han sido etiquetadas.
Mover recursos sin una justificación sustantiva implica el riesgo de caer en responsabilidades que deben ser reportadas primero por la Contraloria Interna (autoridad independiente dentro de la institución) y que pueden ser causa de sanciones y juicio político de ser el caso. En este año, el INE pudo hacer uso de recursos varios para realizar la consulta popular armando un presupuesto que no tocase actividades etiquetadas, superando así a la trampa puesta desde el Congreso. Ahora se vuelve sobre lo mismo, siendo un discurso incongruente de austeridad en cuanto que MORENA y sus aliados no quisieton (cuando pudieron) reformar el art. 41 constitucional en materia de reducir las prerrogativas partidistas a la mitad.
La ciudadanía decidió mayoritariamente no asistir a dicho ejercicio. Las razones de ello son diversas, pero si se le compara con el proceso que se viene observando en este nuevo ejercicio, a pesar de que la fecha de recopilación de firmas vence el próximo 35 de diciembre, no se vislumbra que haya la posibilidad de cumplir con los requisitos de representación geográfica y ello dejaría sin materia a las partes.
Por ello, si bien el INE debe hacer un ejercicio de aprobación de su presupuesto anual antes de que finalice el mismo, me parece que el acuerdo para postergar su realización se anticipa innecesariamente a los hechos.
Las reacciones desde los sectores pro-gubernamentales (previsibles y acaso justo como éstos las pretendían) no se han hecho esperar y ahora se enfilan hacia promover un recurso de reclamación ante la SCJN y el recurso de impugnación respectivo ante el TEPJF para revocar dicho acuerdo y forzar al INE a seguir con la realización del proceso de revocación de mandato.
Dado el hecho de que se entra en una etapa vacacional y -como ya se mencionó- la recolección de firmas termina hasta el 25 de diciembre y además se debe pasar primero por el proceso de verificación para luego emitir el dictamen respectivo para su aprobación por parte del Consejo General (acto que de ser negativo igualmente implicaría en su caso tener la apelación por parte de quienes son promoventes ante el TEPJF), pues lo que tenemos por delante será un escalamiento de los intercambios verbales entre las partes, pero poca materia sustantiva.
En el mejor de los casos, la Corte o el TEPJF por ahora podrían manifestarse en términos de improcedencia, sin por ello dejar de resguardar los derechos de las partes hasta no tenerse en firme el resultado de la procedencia o no de las firmas.
Si no ocurre ello, entonces fin de la historia y a lo que sigue. Pero si concreta el cumplimiento de las firmas, entonces el INE se coloca en una zona de riesgo que puede conllevar incluso a una salida anticipada de su presidente. De ahí la importancia y las implicaciones de este asunto que pone nuevamente en una línea de confrontación directa a defensores y detractores de los Órganos Constitucionales Autónomos, así como coloca a la frágil democracia mexicana en vilo. Estamos moviéndonos dentro de una situación política entre las “cuerdas floja y tensa” a las que aludía el maestro Enrique González Pedrero.
Sinceramente esperemos no tener que caminar por dicho rumbo tan nefasto y caernos. No serán fiestas decembrinas tranquilas.
Víctor Alarcón es profesor investigador en la Universidad Autónoma Meteopolitana. Es experto en política electoral.
