Por Jesús Michel Narváez
Uno esperaría que el gobierno de Estados Unidos a través de sus Departamentos de Estado y Justicia y sus agencias como la CIA, la DEA, la ATF, entre otras instituciones, contaran con áreas de inteligencia funcionales. Así como se nos presenta en los programas de televisión y las películas que rinden pleitesía a la forma de investigación que opera en la Unión Americana.
Todos estamos equivocados. Salvo su mejor opinión.
El tema en cuestión se deriva de la recompensa ofrecida por el Departamento de Estado por información que permita la captura de Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Iván Archivaldo Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, todos ellos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Y si bien las recompensas, porque son cuatro, son apenas de 5 millones de dólares -unos 110 millones de pesos, nada para conmover- y no son de las más altas toda vez que por Rafael Caro Quintero que es de 15 millones de dólares -320 millones de pesos-, sí son importantes. Habría que ponderar la capacidad económica y financiera de los perseguidos.
En un comunicado del Departamento de Estado se lee: “El Departamento ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares (por cada uno) por información que conduzca al arresto o condena de los mexicanos (mencionados)”.
Los ofertantes no tienen que andar buscando quién les informe paradero, domicilio, tipo de casa etcétera de los buscados.
¡Pregúntele al Presidente López!
Porque todo indica que son “amigos”. Por lo menos eso se presume después de acudir a Badiraguato, saludar a la mamá de Ovidio y quedarse a comer. Ese día era el cumpleaños de quien fue detenido en Culiacán el 16 de octubre de 2019 por elementos militares y de la Guardia Nacional. Era, es, buscado por la justicia norteamericana por haber sido identificado como miembro activo del Cártel de Sinaloa e incluido por el gobierno estadounidense en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).
Como se recordará, el Culiacanazo puso en entredicho la operación militar por la presencia de dos centenares de sicarios del Cártel de Sinaloa que, con armas largas, obligaron a que el jefe fuera liberado.
Eso se nos dijo aquel jueves negro. También que el gabinete de seguridad analizaba la disyuntiva: subirlo a un avión o dejarlo en libertad para evitar la muerte, según sus apreciaciones, de cuando menos 200 civiles.
Días después, en una de sus mañaneras, el presidente dio a conocer haber dado personalmente la orden de liberarlo.
Su versión no cuadra porque ese día se encontraba en la sierra oaxaqueña y, oficialmente, se informó de estar incomunicado por una falla en la antena del teléfono satelital en posesión presidencial.
Es claro que el presidente tiene otros datos y difícilmente se podría comprobar que no giró la orden sino la tomó el gabinete seguridad encabezado por Alfonso Durazo.
El tema es otro.
Que los del Departamento del Estado, a través de las vías diplomáticas, quizá del embajador Ken Salazar, solicite una audiencia en Palacio Nacional y, como situación casual, le pregunte la dirección de Ovidio Guzmán. Es mucho pedir.
Sin embargo, así quien podría cobrar las recompensas y destinarlas a sus programas sociales, sería el huésped temporal de Palacio Nacional.
Él , Andrés Manuel López, conoce las coordenadas.
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