Por Verónica V. González y Arnoldo Piñón
El tope, de 0.57 por ciento, al cobro de las comisiones que las diez Administradoras de Fondos para el Retiro aplican a los trabajadores por manejar sus cuentas de retiro, quedó suspendida luego de que el juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza, suspendió la medida impulsada por el Gobierno Federal.
Será el próximo día 15 cuando el juez determine si la medida es provisional o definitiva.
El amparo contra la medida impuesta por el gobierno federal fue promovido por Afore Azteca, sin embargo, tiene efectos generales, esto es, abarca a todas las administradoras. Actualmente las comisiones ascienden a 0.80 por ciento.
De acuerdo con el gobierno federal, la intención de esta medida es incrementar la capacidad de ahorro de los trabajadores.
La reducción de las comisiones, es parte de la reforma al artículo 37 de la Ley del SAR que a finales del año pasado aprobaron los legisladores.
Una de las motivaciones de esta medida, se refiere a las comisiones que se aplican en otros países con esquemas pensionarios similares. En Chile es de .54 por ciento, en Estados Unidos, .45 por ciento y en Colombia .62 por ciento. En México solamente Pensionissste se ubica en ese umbral, 5.3 por ciento.
Analistas del sector mencionan que las bajas comisiones que se cobran en otros países se deben a que manejan una mayor cantidad de recursos, esto porque el sistema lleva más tiempo, lo cual le da un mayor margen de ganancias.
Algunos analistas consideraron que debido a la reducción de las comisiones algunas administradoras tendrán problemas para seguir subsistiendo, pues se calcula que dicha disminución podría tener un impacto negativo en los ingresos de entre 25 y 30 por ciento.
Desde que las Afores empezaron a operar, una de las constantes del gobierno federal ha sido la reducción en el cobro de las comisiones, mismas que representan su mayor fuente de ingresos.
Durante los primeros años de las administradoras, la Consar permitió una gran discrecionalidad en el cobro de comisiones, autorizando a las administradoras cuatro tipos de comisiones:
- Sobre el flujo de aportación.
- Sobre el flujo de aportación más saldo acumulado al final del periodo.
- Sobre el saldo acumulado al final del periodo.
- Sobre rendimiento neto real.
Esta situación propició abusos por parte de algunas administradoras que llegaron a cobrar comisiones mayores al 3 por ciento y ocasionó múltiples protestas por parte de sindicatos y legisladores.
Fue en el periodo de 2009 a 2015 cuando dichas comisiones reportaron una importante reducción al pasar de 1.89 a 1.1 por ciento. Sin embargo, en los últimos seis años la reducción ha sido mínima; al cierre de 1921 hubo una diferencia de 0.32 por ciento respecto al promedio de América Latina.
Si bien es cierto que la reducción en el cobro de comisiones beneficiará a los trabajadores, existen otros aspectos que deben trabajarse para hacer un sistema pensionario más efectivo.
En México, el sistema de ahorro de cuentas individuales no garantiza los beneficios suficientes para evitar la pobreza en la vejez, toda vez que no está dentro de la capacidad financiera de los trabajadores, debido a los bajos sueldos y la inestabilidad laboral, ahorrar de manera voluntaria es imposible cuando se vive al día.
Además, ante la crisis económico-financiera producto del Covid-19, muchos de los trabajadores se han visto en la necesidad de disponer una parte de sus ahorros para el retiro, afectando así el monto de su futura pensión.
Las Afores son producto de la política de la que se han beneficiado los grupos financieros y los gobiernos, el de la 4T no es la excepción.
Hasta hoy los trabajadores no han recibido un solo beneficio, sin embargo, los grupos financieros han obtenido ganancias millonarias y el gobierno ha descargado su responsabilidad social en grupos de iniciativa privada, acto que se inició en 1997 y que continuará en los siguientes años.
La reducción de las comisiones es insuficiente para garantizar una pensión digna y suficiente para los futuros pensionados, sin embargo, es un paso importante. Se requiere que gobierno, empresarios del sector y sindicatos se sienten a negociar sobre el cobro de las comisiones, los porcentajes aplicados deben ser más justos tanto para estos negocios financieros como para los trabajadores.
