La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe de la Cuenta Pública 2020, reveló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a cargo de Alfonso Durazo Montaño, hoy gobernador de Sonora, registró múltiples irregularidades en su gestión e “incumplió” con las políticas de austeridad republicana, al rebasar su presupuesto para “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”, en un 101%, lo que significó un total de 581.2 millones de pesos.
Derivado de esto, la ASF, a cargo de Rogelio Colmenares, emitió 8 recomendaciones, una promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 9 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
En su dictamen, la Auditoría determinó que la SSPyPC presentó “diversas deficiencias” en los procedimientos de adjudicación, principalmente por concepto de servicio de limpieza que incluso ponían en riesgo la Seguridad Nacional.
De acuerdo con la ASF, el presupuesto original para esta dependencia en estos dos rubros era de 289 millones 265 mil pesos; sin embargo, el incrementó que registró de más de 292 millones no cumplimió con lo dispuesto por el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias de la Administración Pública Federal que estipula que no se debe ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.
Además, la ASF halló 5 adjudicaciones directas fundadas en “la excepción a la licitación pública derivado de caso fortuito o fuerza mayor” pero la Secretaría no acreditó los supuestos casos fortuitos o de fuerza mayor.
Incluso, se encontró que existen diversas deficiencias en los procedimientos de adjudicación de dicha Secretaría, “toda vez que de las adjudicaciones directas revisadas, una de ellas, por concepto de servicio de limpieza, se fundamentó en el artículo 41, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), justificado en criterios de seguridad pública y nacional por la secrecía que se debía guardar del personal que daría el servicio, ya que podía poner en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública”.
No obstante, señala la Auditoría que para dicho servicio “no se proporcionó evidencia del listado del personal que prestaría los servicios, así como de las notificaciones realizadas por parte del prestador del servicio al Administrador del Contrato de los movimientos de altas y bajas del personal, lo cual era de suma importancia para llevar el control de las personas que ingresaban a los inmuebles a prestar los citados servicios de limpieza”, para evitar riesgos de seguridad nacional.
También, se encontraron irregularidades en contratos de prestadores de servicios y en uno de ellos, no se acreditó la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ni del escrito mediante el cual el licitante o su Representante Legal manifestó que cuenta con facultades para comprometerse para participar en el proceso de adjudicación.
En 3 contratos por la prestación de diversos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, la Secretaría no proporcionó evidencia del listado del personal que ejecutó los servicios ni de sus expedientes sobre la experiencia requerida para desempeñar su trabajo.
Además, de un contrato para dichos servicios de mantenimiento, en el que tampoco se corroboró que todo el personal contratado contara con su número de afiliación vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual era un requisito indispensable conforme a lo señalado en el contrato.
