Cuatro de los principales colaboradores de Javier Duarte en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefipan) de Veracruz fueron vinculados anoche a proceso por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos del sector educativo en el 2012.
Los procesados son Tomás José Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, ex Secretarios de Finanzas; así como Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas; y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de la dependencia.
Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Veracruz, procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Este es hasta ahora el presunto desvío de mayor cuantía que la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado ante los tribunales contra ex colaboradores del ex Gobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte.
El delito imputado se castiga con una pena que va desde los 2 años y 8 meses de prisión hasta los 18 años con 8 meses de prisión, debido al monto y porque se trata de aportaciones federales, según la fracción primera del artículo 223 del Código Penal Federal.
En una audiencia que inició ayer a las 8:00 horas y concluyó a las 21:30 horas, el juez Negrete ratificó lo decidido en la audiencia inicial, de no imponerles medidas cautelares a los procesados, porque siempre han comparecido ante autoridades ministeriales o judiciales.
Los fiscales federales Rodrigo Arellano Sandoval y Gilberto Salazar Aguilar atribuyeron a los ex funcionarios haber tenido bajo su administración y desviado 2 mil millones de pesos, derivados de la «Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables», del 12 de diciembre de 2012.
Dichos recursos fueron aportados por la Federación con base en el Convenio de Apoyo Financiero, celebrado por la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno de Veracruz.
Formalmente, el Gobierno de Duarte tramitó la solicitud del financiamiento como un «apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado», con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2012.
De acuerdo con los informes recabados, esta nueva imputación judicializada tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en los testimonios rendidos por Tarek Abdalá, ex Tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la FGR.
Abdalá presuntamente estuvo relacionado con desvíos por 57 mil millones de pesos en el Gobierno de Javier Duarte, y por tal motivo se le iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación. También le fue girada una orden de aprehensión.
Sin embargo, el 31 de octubre de 2018 consiguió la inmunidad penal en las investigaciones, gracias a que logró negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en los juicios contra otros imputados.
En sus testimonios, Abdalá dice que por órdenes de Duarte, la Sefiplan de Veracruz omitió información en los estados financieros para no romper sus acuerdos con bancos y acreedores, ocultó déficits presupuestarios y reportó ahorros netos inexistentes.
«En la cuenta pública consolidada del año 2011 se había establecido que existía un ahorro neto del ejercicio que ascendía a 2 mil 699 millones 141 mil 7 pesos, cuando en realidad existía un déficit presupuestario de aproximadamente 12 mil millones de pesos anuales», declaró.
Con base en sus dichos y las denuncias de la ASF, en breve la FGR presentará nuevas imputaciones contra diversos ex funcionarios duartistas.
