La Secretaría de la Función Pública presentó 134 denuncias de hechos ante Fiscalía General de la República (FGR) por presunta comisión de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y falsificación de documentos, ilícitos relacionados con adquisición de bienes y servicios y obra pública de diferentes dependencias.
Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa por el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, detalló las acciones emprendidas por la dependencia a su cargo.
En este contexto, detalló que, al primero de octubre pasado, existen 9 mil expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil se encuentran en la sustanciación, sin embargo, la SFP ha presentado denuncias de hechos ante la Fiscalía por diversos ilícitos, adicionalmente 300 expedientes se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves, principalmente desvío de recursos y abuso de funciones.
“Por otra parte, la Secretaría presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, falsificación de documentos. Ilícitos vinculados en su mayoría con adquisiciones, bienes y servicios y obra pública”, señaló el secretario.
En el mismo periodo se impusieron más de 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 personas servidoras públicas, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por montos de 3 mil 658 millones de pesos.
Salcedo Aquino afirmó que la dependencia “en todo momento, ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso”.
Adicionalmente, la dependencia abrió la puerta de las denuncias ciudadanas, afirmó que, en cumplimiento del mandato constitucional de erradicar las prácticas deshonestas, así como de los acuerdos suscritos con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
En este contexto, aseguró que la secretaría promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68 mil comités de Contraloría Social, conformados por 275 mil personas, es decir, hay una gran actividad ciudadana. El monto de estos programas que cuidó la Contraloría Social fue de 221 mil millones de pesos, con un número aproximado de 24 millones de beneficiarios.
