Por Jesús Michel Narváez
Sin tener vela directa en el entierro, el gobierno de Enrique Peña Nieto asumió el costo de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. No era un asunto federal. Correspondía al Municipio de Iguala y al estado de Guerrero. Emboletaron al presidente y las consecuencias fueron funestas. Por aquellos tiempos, el ombudsman Luis Raúl González Pérez, ordenó la creación de una fiscalía especial para atender el caso. Incluso, montó oficinas en Iguala para no distraer a César Alejandro Chávez Flores, designado visitador especial. La Verdad Histórica ha sido defenestrada, aunque al final de la jornada todo indica que tiene parte de veracidad. Desde la llegada de la actual administración se desató una campaña de descrédito hacia las investigaciones realizadas.
El presidente ha reconocido que de entre los 100 compromisos que adquirió al asumir su cargo, le faltan dos: el caso Ayotzinapa y la descentralización de la administración federal. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, en donde despacha Alejandro Encinas, se enderezaron descalificaciones sin tener amarradas las nuevas versiones; se recontrató al grupo de forenses argentinos, que siempre rechazaron la versión de la incineración de los desaparecidos.
Como se le quiera ver, el tema mantiene un status de crispación, porque los padres de los estudiantes y sus abogados, nunca han estado conformes con las indagatorias.
Sin embargo, en la CNDH, cuando funcionaba, se rindió un extenso informe que mereció reconocimiento por el profesionalismo con que se elaboró. Hasta ahí. El nuevo gobierno decidió prácticamente quemar toda la información y partir de cero. Sigue en las mismas y cada vez se acercan más a aceptar, con correcciones, lo que se investigó, aunque la “verdad histórica” esté plasmada de “mentiras”, como reiteradamente lo han señalado quienes ahora están al frente del tema.
La señora presidenta de lo que alguna vez fue una instancia en la que los ciudadanos confiaban, decidió y publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, desaparecer la visitaduría especial y ordenó se le entreguen todos los expedientes. La oficina en Iguala desaparecerá.
Los avances, si es que los hay y son diferentes a los conocidos, no ameritan cambiar la estrategia. Si bien no ha sido del todo eficiente, cuando menos se reconstruyó parte del rompecabezas en que se convirtió la desaparición.
A los padres de los estudiantes y a sus abogados, no se les informó que la oficina en Iguala se cancelaría y menos que la visitaduría especial desaparecería.
¿Quién se hará cargo ahora de darle seguimiento al asunto?
Se dirá, seguramente, que corresponde a Fiscalía General de la República realizar las indagatorias de ley y a la Subsecretaría de Derechos Humanos ordenar la información y compartirla, si así lo decide, con la CNDH. Porque la señora presidenta de la Comisión, tiene un desastre en su interior y ha creado una imagen que no se merece la institución.
¿Qué dirá Vidulfo Rosales, el abogado que se ha beneficiado política y económicamente representando a los padres de los 43?
Este viernes el presidente volverá a recibir a los padres y sus representantes, al cumplir seis años de la desaparición. Repetirá que se trabajará hasta encontrar la verdad. Ya tiene mas idea de lo ocurrido. No la suficiente como la ha querido construir. ¿Le seguirán aplaudiendo los padres que han exigido que sus hijos aparezcan vivos?
La verdad, aunque no sea la histórica, ya se escribió y ahora la reescriben para adjudicarse el éxito. Porque el fracaso le tocó al de “antes”.
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