Por Alfredo Mejía Montoya
Llegó septiembre, además de los temblores y huracanes, es el mes en que el Poder Ejecutivo Federal debe presentar ante la Cámara de Diputados la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, documento que, en esta ocasión, plantea objetivos de simplificación administrativa, certeza jurídica a fin de arribar a un sistema tributario eficiente y equitativo. Pretende respetar el marco macroeconómico y equilibrarlo con las diferentes variables internas y externas… y sin subir impuestos dice el inquilino de palacio.
Los Criterios Generales de Política Económica Para 2022, en su punto 4 señalan:
Fuentes de desarrollo y bienestar de mediano plazo: 4.1 manifiesta que durante los primeros 3 años de esta administración se ha instrumentado un conjunto de reformas y políticas para atender los retos más importantes que enfrenta el país en materia de, desigualdad y estado de derecho, así como diversas acciones en torno a la inclusión financiera y la integración comercial particularmente con América del Norte… enfocando en aumentar el bienestar de la población particularmente de los grupos y regiones más rezagados. (sic)
Tales aseveraciones parecen más que temerarias, precisamente porque en los primeros 3 años de estar al frente López Obrador con su gabinete legal y ampliado en las decisiones en materia económica, no se ha visto ninguna de esas afirmaciones en los hechos, sino todo lo contrario, esto es, desde que tomó posesión ha venido eliminando instituciones que proporcionaban bienestar a la población, comedores públicos, guarderías, organismos autónomos, subsecretarías, fideicomisos, el Fondo Nacional para Desastres, lleva más de dos años de subejercicio del presupuesto en insumos de salud, medicinas, etc., por ende no hay pago de sueldos y salarios de las dependencias desaparecidas, pago de rentas, agua, luz, mantenimiento, vigilancia, ha vendido decenas de vehículos patrimonio de la federación, los bienes decomisados a la delincuencia organizada, casas, el avión presidencial (lo rifó si tener derecho a ello), se eliminaron gastos de la residencia presidencial de los Pinos, etc. millones de millones de pesos que ya no se pagan desde principios de 2019. Con todo ese ahorro y ventas, el incremento de los impuestos resultaba innecesario, y López Obrador lo vende como un slogan de campaña, pero la realidad son estos datos.
La destrucción de instituciones que en realidad ofrecían bienestar, como fin de cualquier gobierno, para con su población, tuvo una respuesta mediata, el desempleo desde 2019, acentuándose en el 2020, por la pandemia Covid-19, de la que no se ve para cuando termine, sin soslayar que en este punto de inflexión tan importante a nivel global, los gobiernos de todo el mundo se enfrentaron a retos sin precedentes en materia de salud, finanzas públicas y economía derivados de esta, cuyas principales consecuencias han sido las más de 225 millones de personas contagiadas en el mundo y más de 4.6 millones de lamentables decesos, y cuyo regreso a la normalidad A.C. (antes del Covid), aún está en expectativa.
Nos referimos a la profunda desigualdad a la que se ha llevado a la población con las políticas populistas de los programas prioritarios del gobierno federal. Y de la atracción de la mayoría del presupuesto para dichos programas, así como, para las obras insignia como el Tren Maya, La Refinería de Dos bocas y el Aeropuerto en Santa Lucia. Una derrama de dinero público que asusta, y que, en ninguno de los casos, la sustentabilidad y desarrollo están probadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dice y lo reitera cada vez, que primero los pobres, y crea una serie de programas prioritarios para entregar dinero público a miles de mexicanos, que no es que no lo necesiten, sino que no es la forma de hacerlo. El recurso que deriva de las contribuciones que pagan los privados no es para distribuirse de esa manera, y decimos privados, porque las entradas de divisas por parte de las empresas paraestatales, llámese PEMEX y CFE, llevan ya dos años de pérdidas anualizadas, y el presupuesto para el ejercicio 2022, acumula grandes partidas para estas dos paraestatales y las 3 obras insignia señaladas. Es criminal el manejo del presupuesto 2022, abandonando rubros en los cuales una derrama económica traería grandes beneficios a un sector que lleva más de dos años en el abandono, sin promoción ni tendencia a ejercer mayor presupuesto, nos referimos al Sector Turístico, actividad que antes de esta administración y sin pandemia claro, generaba 8% del PIB a la economía del país, y en el 2020 cayó dramáticamente 28%, en el primer trimestre de 2021 se desplomó 23%, rompiendo el empleo, ingreso, renta, consumo e impuestos, afectando a miles de empresas, trabajadores, familias y cadenas de valor.
He ahí la desigualdad en el ejercicio del presupuesto, esperemos que la LXV Legislatura del Congreso de la Unión haga valer su poder en beneficio de la ciudadanía que representa y les dio su voto el 6 de junio pasado, y redireccione a áreas estratégicas de crecimiento y desarrollo gran parte de ese presupuesto. De lo contrario, el país seguirá en caída libre en materia económica y social, abriendo más la brecha de pobreza.
La redistribución de la riqueza, es un tema mal entendido en la presente administración, ya que el entregar dinero sin proyectos sustentables a la población vulnerable en programas prioritarios, es pretender que la población continúe en la pobreza y arribe a la pobreza extrema, como ya lo señaló en datos oficiales el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, precisamente, es porque las sumas millonarias que se entregan mensualmente a los grupos y regiones más rezagados no les solucionan la continuidad ni certidumbre, ni generan riqueza, ni infraestructura y mucho menos se les proporciona bienestar, entendiendo este como la satisfacción conjunta de una serie de factores, que responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad, toda vez que el bienestar social se expresa a través de los niveles de salud, educación, vivienda, bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos los aspectos relacionados con el medio ambiente, no con recursos que utilizan únicamente en su alimentación.
Las principales variables económicas y sociales que miden el incremento del bienestar social de las personas en sociedad son la: Distribución de la renta, Tasa de desempleo, Ingreso per cápita, El gasto social, Nivel de consumo, El nivel de salud, Nivel de contaminación, Áreas verdes, Nivel de pobreza, Nivel de educación, Libertad ciudadana y Seguridad social.
¿Cuantas de estas variables el inquilino de palacio en las pseudo-conferencias de las mañanas ha considerado que proporciona a la población o grupos y regiones más rezagados?
Ninguna, y con seguridad no lo entiende o no tiene esos datos (esos sí que serían “otros datos” como se expresa en los criterios generales de política económica para 2022), pero la realidad es otra, que bien lo sabe y conoce, pero usa a la población para su beneficio y la forma de pago lo son las dádivas de los programas prioritarios, en lugar de crear polos de desarrollo o infraestructura con tendencia productiva, en el que la derrama del presupuesto sea una inversión y se utilice para crear plantas agrícolas o manufactureras en donde los productos del campo, cambien su estado, forma o composición o se erijan actividades empresariales que a los pobladores les den empleo, arraigo a su lugar de origen, mejores servicios públicos, salarios, se generen contribuciones locales, estatales y federales, ahorro, que la zona geográfica o la región al mismo tiempo se levante como una zona de crecimiento y desarrollo, en donde sus habitantes accedan a estadios de bienestar mejores y más pronto, y cada día superen la pobreza y por ende la pobreza extrema.
Una inequitativa distribución de la riqueza genera desigualdad e inequidad económicas, y por ende una desigualdad de ingresos que comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos presupuestales, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta que procede tanto del capital como del trabajo (brecha salarial), siendo dos líneas paralelas que jamás se van a unir, en perjuicio de los que menos tienen, al depender una de la otra.
Por lo tanto, si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no promueve políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica, nunca va a erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones.
En consecuencia, la desigualdad trae consigo manifestaciones, protestas y conflictos generados por las personas afectadas y diversos movimientos para alcanzar el reconocimiento de sus derechos humanos básicos. Como sucede actualmente a lo largo y ancho del país y éste sigue perpetuamente hundido en bajos niveles de bienestar, ¿De qué sirve tener mejores y mayores mediciones de la desigualdad si de todas formas la solución no es ejecutable?
La respuesta es que los recursos económicos del Estado actuales y futuros son muy limitados para aliviar un problema de esta naturaleza; además, el impacto redistributivo de las políticas públicas es bajo, por inconciencia o por ignorancia. ¿O está debidamente delineado así en este gobierno populista? ¡Que nos muestren los otros datos!
freedomm
