Por Raúl Mondragón von Bertrab y Fernando Hernández de la Rosa
“Las armas son pendejas en manos de peligrosos”.
-Tte. Sixtos, S.M.N., 22ª. Zona Militar, 1992.
En un acto sin precedentes, el gobierno mexicano decidió demandar a once empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos de América, ante una Corte Federal. Entre ellas figuran nombres legendarios como Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Colt’s y Glock. Los argumentos centrales son dos: las prácticas ilegales de los fabricantes en la mercadotecnia de sus productos y la forma de venderlos. La demanda también señala que estas empresas facilitan, con pleno conocimiento, la venta de armas a los cárteles de la droga, haciendo hincapié en la laxa legislación al norte de la frontera en materia de control de armas de fuego.
Dos antecedentes de toda relevancia son la escandalosa operación conocida como “Rápido y Furioso” y el infame tiroteo de la escuela primaria “Sandy Hook”, en Connecticut.
El primero tuvo lugar en 2009, en los períodos presidenciales de Barack Obama y Felipe Calderón, e implicó a la oficina de Arizona de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (“ATF”, por sus siglas en inglés), así como unas dos mil armas introducidas al territorio mexicano para ser rastreadas, con el fin de llegar a delincuentes de alto rango dentro de las organizaciones delictivas en nuestro país, de las cuales no obstante se perdió el rastro. Más aún, un par de estas armas fue encontrado en la escena del homicidio de un agente fronterizo estadounidense en diciembre de 2010.
El segundo, en 2012, abrió la puerta para la iniciativa mexicana, dado que las familias de las víctimas del tiroteo encontraron un punto débil en una excepción de la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas (“PLCAA”, por sus siglas en inglés), que blinda de manera considerable a los fabricantes y vendedores de armas. Dicha excepción permite fincar responsabilidad en el caso de prácticas de mercadotecnia ilegales a nivel local o federal, lo que sirvió a la Suprema Corte del Estado en cuestión para admitir que puede existir responsabilidad cuando las armas se hacen ver atractivas para actores o sectores vulnerables de la sociedad. En el presente caso, se alude a una imagen de Emiliano Zapata grabada en un arma, de un lado, con el otro adornado con la frase que se la atribuye al Caudillo del Sur, haciéndola, dicen los Estados Unidos Mexicanos, atractiva para los cárteles mexicanos:
“Es mejor morir de pie, que vivir arrodillado”
No obstante lo anterior, los argumentos mexicanos se topan con dos paredes: la primera es que en EE.UU. es perfectamente legal grabar un arma con cualesquier motivos históricos, folclóricos u ornamentales de todo tipo; la segunda es que monitorear el destino de armas que han sido vendidas de manera legal y salido de la fábrica o de la tienda, resulta prácticamente imposible. En el mejor de los casos, un fabricante podría ser acusado de descuido, lo cual per se no representa un delito.
Debe también precisarse que más que una legislación permisiva, el vecino país le ha otorgado fortaleza de grado constitucional al derecho ciudadano de poseer y portar armas, como lo establece la Segunda Enmienda a su Constitución. En este sentido, PLCAA hace lo propio con el comercio de armas.
Existe sin duda responsabilidad compartida. EE.UU. ha reconocido que la demanda de drogas al norte de la frontera, impulsa el narcotráfico desde el sur. La ATF ha determinado que el origen del 70% de las armas de fuego recuperadas en México entre 2014 y 2018, puede ser rastreado hasta EE.UU. Es un hecho que la compra indirecta de armas adquiridas en ferias o mercados de armamento en la Unión Americana son ingresadas al territorio nacional de manera ilegal.
Sin embargo, es también un hecho conocido que los controles fronterizos de nuestro país son débiles. La violencia de todo tipo ha escalado en México con una velocidad mucho mayor que la destinada por el Estado mexicano a la solución de los problemas de seguridad ciudadana, materia mal entendida y peor abordada con muchos parches, remedos y curaciones mal hechas por todas las administraciones hasta la fecha.
Si usted “marchó”, como se conoce comúnmente en México al cumplimiento de la obligación de realizar el servicio militar en el país, quizá haya tenido la suerte y recuerde la sensación de tener en sus manos un mosquetón y notar la fecha de fabricación. En mi caso, era 1958. Esa sensación incluyó en mi caso la súbita posibilidad de que el tiro saliese por la culata, algo que el gobierno de México debería contemplar en el ring al que se ha subido del lado de Las Vegas, donde el contrincante ya advirtió que se defenderá vigorosamente.
El gobierno de Biden podría ponerse a revisar los agravios que le supone nuestro país. Podría endurecer su posición en relación con el tratado de libre comercio o en materia migratoria, demandarnos por inundarlos de narcóticos, de mexicanos.
Dado que el caso no presenta un pronóstico favorable, que el poder adquisitivo del crimen organizado y las diversas fuentes de armas de fuego hacen muy factible su adquisición en otros países o, incluso, su fabricación en el nuestro, y dada la multifacética problemática bilateral, parecería que el propósito final de los nuestros es enviar una señal hacia el norte sobre los efectos que la regulación estadounidense en materia de armas de fuego tiene al sur de la frontera natural del Río Bravo.
¿Y el lobbying, apá?
