Morelia, Michoacán. Crisis financiera del estado de Michoacán ya alcanzó a los 3 poderes del estado; Ejecutivo, el Poder Judicial y Poder Legislativo, han advertido falta de pago e incertidumbre por la falta de liquidez económica que ya derivó en los retrasos de la cobertura de nómina de miles de trabajadores del estado.
Hasta el momento, ejecutivo y legislativo son los poderes más afectados desde inicios de este mes de agosto con los retrasos a los pagos de las quincenas de distintos sectores tanto de base como de confianza, mismos que a su vez, han derivado en protestas.
En el caso del Congreso de Michoacán, son más de 900 trabajadores los que no han cobrado su salario ya devengado, por lo que se advierte tensión entre los sindicalizados, quienes exigen que se cumplan con los recursos ya presupuestados en el presupuesto de egresos de este 2021.
En voz de Rogelio Andrade Vergara, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), han anunciado que en caso de ser necesario recurrirán a medidas de presión para que se las garantice el pago de la quincena que, hasta el cierre de esta edición, ya lleva más de 48 horas de retraso.
El líder gremial acusó como grave la situación que afecta a la autonomía del poder legislativo por el tema económico que deberá de ser solventado a la brevedad, así como el garantizar que lo anterior no se repetirá en próximas quincenas.
A pesar de que tampoco han cobrado desde hace 3 quincenas, los legisladores locales tampoco han emitido algún exhorto al ejecutivo estatal a pesar de las afectaciones económicas derivadas a miles de familias de trabajadores.
“De todos los trabajadores no han cobrado, algunos de confianza tienen más de una quincena que no cobran. El tema es que nos argumentan que Finanzas no ha hecho las finanzas correspondientes, eso es una falta de respeto hacia un poder que representa el poder Legislativo a través de los diputados que no han tenido ni interés en hacer presión. Ellos mismos argumentan que tienen tres quincenas que la Secretaria de Finanzas no les deposita, los vemos muy tibios”, manifestó el representante del STASPLE a pregunta de La Voz de Michoacán.
En el poder Judicial la situación es de incertidumbre respecto al panorama financiero del estado. A pesar de que se les cubrió en tiempo la quincena pasada, el Consejo del Poder Judicial habría reconocido retrasos en la transferencia de los recursos, situación que podría mantenerse para los próximos meses.
Julié Álvarez Guzmán, lideresa del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, emplazó a que la determinación de la cúpula sindical es que en caso e que se generen retrasos en los pagos de nómina de la base trabajadora, pararían actividades hasta que les resuelvan la parte económica.
Durante el 2020, pararon labores en al menos dos ocasiones ante la falta de transferencias para las coberturas de las nóminas de los trabajadores e incluso, en su momento, el presidente magistrado lamentó que la impartición de justicia no fuera considerada como un tema prioritario en la distribución de los recursos del estado de Michoacán.
“Ha empezado a haber comunicación con el Consejo, donde nos informa que se retrasó la Secretaría de Finanzas en las transferencias que les tienen que hacer a ellos, entonces de alguna u otra manera el Consejo ha encontrado la forma de pagarnos hasta la quincena pasada del viernes. Pero se corría el riesgo de que no nos pagaran. Sí hay incertidumbre, de que no nos quieran pagar. Nosotros, nuestra decisión es que cuando haya incumplimiento al pago salarial deberá haber paro laboral definitivo hasta que nos paguen”, emplazó.
En total son más de 2 mil 500 trabajadores los que integran el Sindicato único del Poder Judicial de Michoacán, mismos que hacen posible que cada año se atiendan más de 90 mil asuntos en las distintas salas de oralidad, tribunales y servicios que presta el poder.
Se ha precisado que Michoacán requeriría hasta 4 mil millones de pesos para cerrar la administración ante los recortes de participaciones federales de este año, la caída de la recaudación, la falta de solvencia y las condiciones de desaceleración económica generalizada a nivel nacional.
