La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó un periodo extraordinario de sesiones, lo que significa que los diputados Saúl Huerta del Partido Morena y acusado de violación sexual, así como el petista Mauricio Toledo, de enriquecimiento ilícito, sigan con fuero constitucional.
Con esta decisión de las y los legisladores tampoco permitieron que el sector empresarial del outsourcing o subcontratación, tengan la oportunidad de una prórroga por 30 días para regularizar sus actividades laborales y evitar sanciones penales, que por ley tendrán vigencia el próximo 1 de agosto.
También quedan sin discusión ante el Pleno del Congreso los nombramientos enviados por el Ejecutivo federal para la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública y del Banco de México; mientras el PRI buscaba incluir una ley reglamentaria a la consulta en materia de revocación de mandato, que tampoco tendrá salida legislativa.
De esta manera, confrontados todos los grupos parlamentarios echaron abajo, por segunda ocasión, un periodo extraordinario de sesiones que estaba programado para los días 29 y 30 de julio.
Las y los 35 senadores y diputados presentes votaron 20 a favor, 12 en contra y tres abstenciones. Los panistas Xochitl Gálvez Ruiz y Damián Zepeda Viales votaron por el extraordinario, en cambio las morenistas Bertha Alicia Caraveo y Margarita Valdez lo hicieron en abstención.
Las acusaciones y los ataques marcaron la sesión presencial de este martes, por un lado la oposición dijo estar dispuesta a desaforar a los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, del Morena y PT, respectivamente, pero no incluir otros temas por falta de dictámenes; mientras Morena buscó prorrogar el plazo legal para subcontratación y los nombramientos enviados por el Ejecutivo federal.
El PRI, por su parte, buscaba debatir una ley reglamentaria a la consulta en materia de revocación de mandato, una iniciativa que presentó la senadora priista Claudia Ruiz Massieu, sin embargo, la diputada Dulce María Sauri tampoco quería el extraordinario argumentando las condiciones sanitarias que prevalecen con la tercera ola de contagios por el coronavirus.
En el debate la senadora del Partido del Trabajo, Alejandra del Carmen León Gastélum se pronuncio por no acompañar la propuesta del extraordinario pues dijo que se buscaba consumar una venganza política, en referencia al desafuero de Mauricio Toledo. Incluso acusó que la Sección Instructora en San Lázaro sesiono a espaldas de la ciudadanía.
Pero el diputado morenista Rubén Cayetano Garcia apuntó que no se puede defender lo indefendible. “La impunidad ronda aquí por parte de algunos grupos que tienen intereses, de proteger a un legislador de su grupo parlamentario. También están los intereses de quienes esconden un pacto con el fiscal de Morelos (Uriel Carmona). “La derecha insiste en separar los dictámenes para votar a modo. Nosotros lo que queremos es que haya periodo extraordinario para tratar todos los temas propuestos’’, dijo.
La panista Kenia López Rabadán calificó de terrible estar discutiendo un proyecto que ni siquiera tiene dictámenes, “no sean ridículos. No se puede respaldar una aberración jurídica, son irresponsable y simulados’’.
Mientras la morenista María de los Ángeles Huerta del Río acusó a la oposición de mentirosos y tramposos. “Quieren una justicia a la carta, que se haga la ley en los bueyes de mi compadre, eso quieren, dividir el dictamen’’.
A su vez, la priista Claudia Ruiz Massieu dijo que se busca utilizar al Congreso de la Unión para solventar intereses internos y señaló el desaseo del proyecto de convocatoria, “un dictamen que fue devuelto la semana pasada porque no cumple los procedimientos mínimos. Por eso nos pronunciamos en contra’’.
