Por Alfredo Mejía Montoya
La política que ejerce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2022, describe cantidades, distribución y destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como de las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 debe contener de manera ordenada y sistemática la información sobre gasto público y esos recursos pueden ordenarse en la división de Gasto No Programable y Gasto Programable. El Gasto No Programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la Ley como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal.
La Política de Austeridad que prevalece en el gobierno federal constituye el principal dique para que el impulso por parte del estado intervenga en obras de infraestructura que provean a diversos sectores de numerario para conducir al país a estadios de bienestar, con empleo e ingresos suficientes, que impulsen la economía nacional y la de las entidades federativas.
Gravemente, dicha política austera inicia desde el 2019, primer año completo del presente régimen, sin embargo, el afán de López Obrador de otorgar apoyos líquidos a los que él les llama pobres, complicaron la endeble economía y con esos programas de plano no quedó presupuesto para implementar demanda agregada. Y dicha política de austeridad se formalizo mediante el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2020, prohibiendo ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.
En el Punto V de dicho Decreto, se pondera que se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programas prioritarios que supuestamente benefician a los que menos tienen. Y es precisamente con este decreto donde se potencia más la falta de recursos para el sector salud, para la adquisición de materiales y suministros, llámese medicinas e insumos para proporcionar los servicios de salud, curación y terapias.
Los Gobiernos engañan a la población, manifestando que son ellos los que proporcionan los servicios de salud, cierto lo hacen, pero con recursos públicos que devienen de los contribuyentes por el pago de impuestos federales… en la propia Constitución esta la ordenanza de que ellos, los gobiernos son los que deben proporcionar los servicios públicos, como lo es el de salud. El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. En términos de la Ley General de Salud (LGS), este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (artículo 77 bis1 de la Ley General de Salud).
A partir de entonces, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud cuando: no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el INSABI (antes Seguro Popular), las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, o similares en las entidades federativas, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados subrogados.
El Virus SARS-CoV2 (Covid-19), evidenció un sistema de salud débil, obsoleto y fragmentado. La falta de inversión en infraestructura, el subejercicio criminal del presupuesto y la creciente privatización de los servicios han dejado al país vulnerable, y a miles de mexicanos se le cancela su derecho constitucional a la protección de la salud.
Las carencias de infraestructura son más que números para quienes no son atendidos por falta de médicos o la saturación del servicio o reciben atención deficiente. Esto quedó al descubierto durante la reciente y actual Pandemia.
Y es precisamente en la estructura programática que se pretende implementar en el presupuesto de egresos 2022, donde se observa parte de la política de austeridad. Además, es donde modifican las estructuras programáticas de diversas dependencias federales, dando de alta, creando, modificando o eliminando diversos programas vigentes en el presente ejercicio. Eliminando: 1) Ramo 08 en Agricultura y Desarrollo Rural el programa Fomento de la ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios; 2) Ramo 09 en Comunicaciones y Transportes el programa de Formación del personal de la marina mercante y el de Operación de infraestructura marítimo-portuaria; 3) Ramo 10 en Economía el Programa de Microcréditos para el Bienestar; 4) Ramo 11 Educación Pública el programa Escuelas de Tiempo Completo; 5) Ramo 12 Salud el programa Seguro Médico Siglo XXI y el Programa de Salud y Bienestar Comunitario; 6) Ramo 47 Entidades no Sectorizadas el programa Proyectos de Inmuebles; 7) Ramo 48 Cultura el programa Provisiones para el Desarrollo de Infraestructura Cultural; 8) Ramo 23 Ramos Generales los Programas Regionales; Fondo de Apoyo a Migrantes; Fondo para Fronteras; Proyectos de Desarrollo Regional; Fondo para el Fortalecimiento Financiero; Seguridad y Logística; Medidas Supervenientes; Terminación de la Relación Laboral; y Reasignaciones de Poderes y Entes Autónomos para enfrentar desastres naturales; 9) Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos el programa Escuelas de Tiempo Completo; 10) Entidades de Control Directo – Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos los programas Otros proyectos de infraestructura social y Otros proyectos de infraestructura gubernamental.
En ese orden, al eliminar el Seguro Médico Siglo XXI y el Programa de Salud y Bienestar Comunitario; se quedarán sin el servicio médico más de 4.5 millones y medio de niños, esencialmente menores de 5 años. Haciendo una remembranza este Programa inició en la Administración de Felipe Calderón H., en 2007, a fin de proteger a dichos niños, que estaban incorporados al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) cuyo objetivo era disminuir la mortalidad neonatal, infantil y preescolar.
Los niños beneficiados acceden a servicios médicos de alta especialidad, intervenciones médicas de rehabilitación física, neurosensorial y de alto costo, de manera complementaria a las contempladas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud y el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. Dicho seguro cubre los gastos de enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio y digestivo, así como traumatismos, envenenamientos, quemaduras y complicaciones por atención médica o quirúrgica, muy completo para niños de esa edad que son los más vulnerables.
De la lectura de la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos 2022, se manifiesta que “actualmente el Seguro Médico Siglo XXI, se encuentra inactivo y sin presupuesto asignado. Lo anterior, en virtud de la publicación el 29 de noviembre de 2019 en el DOF del “Decreto… por el que se extingue la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), con lo cual a partir del 1º de enero de 2020, dejó de ser parte fundamental del INSABI” (sic).
Al respecto es de conocimiento público, que el INSABI no inició el 1º de enero del 2020, y a la fecha su existencia es inoperante e inexistente. Antes con el Seguro Popular (SP) podían acceder los ciudadanos que no fueran beneficiarios de la seguridad social federal. Era suficiente con registrarse o darse de alta al sistema.
El 1º de enero 2020 debía haber iniciado operaciones, y recordamos que se armó un espectáculo completo con las autoridades de Salud y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo que este último prometió que los servicios médicos iban a ser igual que a los de Canadá o Dinamarca, estamos esperando, da la casualidad, que a la fecha no tenemos ni un servicio de salud parecido o a los que se proporcionan en México, ni siquiera a eso llegamos actualmente.
Y la niñez de este país no han accedido a dichos servicios desde 2019, 2020 y lo que va de 2021, la inoperancia en el sistema de salud, como lo hemos manifestado una y otra vez, esta fragmentado por intereses diversos del gobierno federal, en el servicio mismo, en la adquisición de medicinas e insumos de curación, pero no solo para los niños de 5 años, sino a toda la población. Y nos quedamos esperando los servicios médicos al estilo de Dinamarca, un engaño más del inquilino de palacio y sus huestes en el área de salud federal.
Esperemos que los representantes del pueblo, llámese Legislatura LXV del Congreso de la Unión a partir del 1º de septiembre siguiente, logren objetar la eliminación del Seguro Médico Siglo XXI, es lo menos que esperamos de la nueva Cámara de Diputados y que llamen a cuentas al secretario de Salud, al Subsecretario Gatell y demás inmiscuidos del pésimo servicio en el sistema de salud federal.
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