Por Silvestre Villegas Revueltas
Una semana como la actual, pero de 1859, acababan de ser proclamadas algunas de las llamadas Leyes de Reforma, como el ordenamiento que nacionalizó los Bienes Eclesiásticos (7 de julio), aquella ley que estableció el matrimonio como un contrato civil y la otra que instituyó el Registro Civil porque en la conformación de un estado moderno, y ello era el caso del mexicano, el estado debía saber quiénes nacen, cómo se llaman, los que mueren, cuál es su estado civil (soltero, casado, divorciado, etc.).
Asimismo, y para el día 12 de julio, se decretó el fin de las órdenes religiosas, especialmente las masculinas y la ocupación de sus bienes inmuebles. Las anteriores más otras disposiciones reformistas terminaron en el año de 1860, cuando el gobierno liberal de Benito Juárez decretó la libertad religiosa porque las constituciones de 1824 y 1836 subrayaban la intolerancia religiosa y el catolicismo como religión de estado, y la carta magna de 1857 en su artículo 123 solamente se refirió al culto externo pero los constituyentes no se atrevieron a establecer constitucionalmente una libertad religiosa que beneficiase al conjunto de los mexicanos.
Las Leyes de Reforma tuvieron su racionalidad en dos pistas: una de cálculo político en medio de la guerra civil que asolaba a la república, y la segunda pista, era la respuesta a una demanda secularizadora que provenía del siglo XVIII español y que en México había sido intentada infructuosamente en 1833 bajo el gobierno del vicepresidente Valentín Gómez Farías. Vamos a explicarnos. El año de 1859 fue el punto de quiebre de la Guerra de Reforma porque las tropas de Miguel Miramón no pudieron tomar el puerto de Veracruz y con ello acabar con la existencia de un gobierno rival que paulatinamente se reorganizó militarmente, fue paulatinamente reconocido por el gobierno de los Estados Unidos e Inglaterra, éste último le dio el trato de facción beligerante. Y para que lo anterior tuviera más peso que simplemente unas negociaciones diplomáticas, el gobierno de Juárez se comprometió con Londres en reasumir el pago de la deuda externa que el país tenía con acreedores ingleses, mientras que con los estadounidenses el régimen liberal negoció y finalmente aceptó las condiciones del llamado Tratado Mc. Lane-Ocampo que facilitaba el tránsito de tropas estadounidenses por la república a partir de tres corredores geográficos y al mismo tiempo Juárez consiguió en este acuerdo, que si una tercera fuerza atacaba militarmente a alguna de las dos partes contratantes la otra signataria iría en su ayuda. Ello se materializó cuando el mismo gobierno de Miramón, pero ahora en 1860, quiso por segunda ocasión cercar por vía marítima al puerto de Veracruz y los barcos cubanos comprados por el régimen conservador fueron considerados por la armada estadounidense como piratas y en un santiamén se les derrotó y sus tripulaciones fueron hechas prisioneras.
En cuanto a la segunda corriente interpretativa, que es la programática del liberalismo mexicano en su paso por la historia del país, es indudable que en la coyuntura de 1859 y en plena guerra civil, el gobierno de Juárez se decidió por castigar con todas las armas posibles al clero católico en México que se le consideraba ser artífice, guía espiritual y caja no tan chica, en el sostenimiento del régimen conservador que sucesivamente tuvo dos ejecutivos: Félix Zuloaga y luego el ya mencionado Miramón. Se le pretendió castigar y se le castigó en el mollar: a través de sus ingresos económicos vía rentas, propiedades inmuebles, manejo de obras pías, etcétera. De manera muy protestante se le castigaba aboliendo la existencia de órdenes monásticas y se buscó, terreno sumamente conflictivo porque la iglesia tenía y tiene mucha influencia, en minar su presencia en la vida cotidiana a partir de la secularización de muchos aspectos como el educativo, el manejo de los panteones, la prohibición de votar y ser votado en elecciones estatales y federales, inclusive en los cobros que genéricamente llamados obvenciones parroquiales normaban la vida entre el clero y la feligresía por el pago de misas, bautismos y casamientos entre otras funciones. Vale la pena detenerse y señalar que, después de la caída del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano a la cabeza, el presidente Juárez retrotrajo la aplicación de ciertas leyes, reconoció algunos intereses del clero católico y meridianamente señaló que los asuntos del estado mexicano debían ser resueltos por los gobiernos civiles, que éstos no se meterían en la administración interna de la iglesia y ella tampoco se entremetería en asuntos que competía exclusivamente al orden civil del estado mexicano. Ello fue a partir de 1867 la materialización de la famosa frase relativa a que Juárez señalaba “la separación de las cosas de la Iglesia y el Estado”; semejante modificación fue apreciada inclusive por un enemigo acérrimo del liberalismo y de Juárez en lo personal, el obispo de Michoacán Clemente de Jesús Munguía. Ello funcionó hasta los años del callismo en pleno siglo XX, pero eso es materia de otro artículo.
