Kamel Nacif Borge,empresario mexicano de origen libanés y conocido como El Rey de la Mezclilla, obtuvo un amparo para revocar la orden aprehensión por su probable participación en el delito de tortura de la periodista, Lydia Cacho Riberio.
“El amparo interpuesto por José Kamel Nacif Borge se resolvió por revocar su sentencia recurrida, conceder el amparo solicitado y declarar infundada la revisión”, informó el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo.
El 19 de enero de 2021, los abogados de El Rey de la Mezclilla interpusieron un juicio de amparo para revocar la sentencia, la cual establecía la orden de aprehensión librada en contra de Kamel Nacif por su probable participación en el delito de tortura.
“Debe otorgarse al quejoso la protección de la Justicia Federal para que el Titular del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito deje insubsistente la resolución dictada el 3 de diciembre de 2020, únicamente para José Kamel Nacif Borge”, dice el documento al que tuvo acceso Forbes México.
Eso significa que queda sin efecto la orden de aprehensión girada por un Juez en contra de Kamel Nacif, quien vive en Líbano desde hace más de dos años.
Los juces del Tercer Tribunal pidieron emitir otra resolución “en la que considere que no se acreditan el primer y tercer elementos del cuerpo del delito de tortura que se le atribuye”.
Es decir que Kamel Nacif no tiene la calidad de servidor público, un requisito necesario para acreditar el primer elemento del cuerpo del delito de tortura que se le atribuye.
“Y la autoridad responsable al tener por demostrado el tercer elemento del cuerpo del delito de tortura, no valoró alguna confesión de un funcionario público, por lo que se descarta esa forma de acreditación”.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que se resolvió en un dictamen sobre la existencia de una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
“La periodista fue sometida a actos de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, violencia verbal y física, así como actos de discriminación por razón de género”, dijo el organismo dependiente de la ONU.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero ofreció una disculpa pública a la periodista Lydia Cacho por la violación a sus derechos humanos.
La funcionaria mencionó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acatará los resolutivos emitidos por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que piden realizar una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva”.
La periodista y defensora de los derechos humanos y fundadora del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), Lydia María Cacho Ribeiro publicó en marzo de 2005 un libro titulado Los Demonios del Edén, el cual develaba una red de pornografía infantil.
La periodista señaló que varias autoridades públicas y empresarios, incluido José Kamel Nacif Borge, protegían a una red de corrupción, explotación infantil y pornografía infantial asentada en Cancún, Estado de Quintana Roo.
Lydia María Cacho Ribeiro fue denunciada ante las autoridades de Puebla por el empresario mexico-libanés Kamel Nacif Borge, por los delitos de difamación y calumnias, que eran tipificados en ese momento.
Con motivo de esa denuncia, la periodista fue detenida el 16 de diciembre de 2005 por Judiciales del Estado de Puebla, y trasladada vía terrestre de Cancún a la ciudad de Puebla. Permaneció arrestada por casi 30 horas y fue liberada tras pagar una fianza.
El 10 de enero de 2006, la autora interpuso un recurso de declaración de incompetencia ante el Juzgado Quinto de lo Penal del estado de Puebla, argumentando que los tribunales competentes para conocer del asunto eran los del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) porque la publicación, presentación y venta del libro se había realizado en esa ciudad.
El 17 de enero de 2006, la escritora es absuelta del delito de calumnia tras una apelación de sus abogados ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla,11 pero siguió sujeta a proceso por el diverso delito de difamación.
El 18 de enero de 2006, el Juzgado Quinto se inhibió y determinó que los juzgados competentes eran los del Estado de Quintana Roo.