Por Jesús Michel Narváez
Aquel 21 de febrero de 2019 se festinó la creación de la Guardia Nacional. Finalmente surgía una ley reglamentaria para un ente que existía de nombre en la Constitución en 9 artículos. Las oposiciones en el Senado de la República le dieron el voto de confianza al presidente López, después de reformar la minuta de la Cámara de Diputados y nació lo que sería la corporación que frenaría la violencia criminal, apoyaría a los Estados y municipios en seguridad y la meta a cumplir: regresar la paz en el territorio nacional.
En su organización, se exaltó la participación de los servicios de inteligencia del Ejército, la Marina y la todavía existente, en ese momento, Policía Federal, modificada en su actuación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Guardia vendría a suplir a la PF, en donde en palabras del presidente López, la corrupción se había enquistado. Porque provenía de la Secretaria de Seguridad Pública Federal -así se llamaba- cuando Genaro García Luna estuvo al frente.
Entrados en la euforia, los legisladores del Congreso de la Unión sostenían que se le entregaba la herramienta más valiosa al Gobierno de la República para dar seguridad y protección a los mexicanos. Difícil inicio. Sin elementos propios, con la publicación de convocatorias para recibir a los aspirantes, exámenes exhaustivos, revisión profunda de los antecedentes etcétera, la tarea no fue nada fácil. Finalmente inició operaciones con elementos del Ejército y la Marina en estado de retiro; algunos miembros de la extinta Policía Federal fueron admitidos y todo parecía estar coronado.
Razones de “Estado” hicieron que la Guardia Nacional se concentrara en la frontera sur de México para frenar la ola de migración que amenazaba convertirse en tsunami. Cambió su accionar y se volvió el muro infranqueable para quienes huyendo de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala pretendía cruzar el territorio nacional para llegar hasta la frontera norte. De la política de “brazos abiertos” a la de “no pasan”.
Con el tiempo y mayor número de efectivos, la GN recibió instrucciones de apostarse en Guanajuato y en otras entidades en las que la violencia criminal se hizo parte de la vida cotidiana.
El pasado día 9, en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato, circulaban dos tráileres cuyo cargamento consistía en 7 millones de cartuchos listos para ser percutidos.
La alarma sonó y las investigaciones se iniciaron. Estaban (están) a cargo de la Fiscalía General de la República.
Nada lograron los personajes de la inteligencia oficial. Solamente algunos tips, pero ninguno para encontrar lo hurtado.
Sin embargo, una denuncia ciudadana -no se conoce el informante- ubicó a la Guardia Nacional el lugar en donde se hallaban los pesados vehículos. Llegaron al sitio referido y ahí estaban camiones y cartuchos.
El ciudadano que denunció no tiene estudios de inteligencia militar, marino o híbrido. Simplemente supo en donde estaba el cargamento y lo dio a conocer.
¿Dónde quedó toda la tecnología y la inteligencia de la que presume el comandante de la Guardia Nacional?
Sin “chivatazo” sería el momento en que los híbridos civiles-militares seguirían en busca de los vehículos. Por supuesto, no hay detenidos. Y como dijo don Teofilito, ni los habrá… por lo menos durante un buen tiempo. Y si alguien cae, sería por la inteligencia de los ciudadanos. Ni duda quepa.
Ante los resultados, me pregunto para qué quiere el presidente que la Guardia Nacional se integre al Ejército a partir de 2023. Justo en el año que se inicia el proceso electoral de 2024. ¿Algún temor de perder las elecciones y rescatarlas a como dé lugar?
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