Por Jesús Michel Narváez
Sumergidos en el cúmulo de informaciones referentes a las elecciones, el fin de semana la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que los trabajadores administrativos no regresarán a laborar a partir de este lunes.
En una de sus conferencias matutinas -lo que hace la mano hace la tras-, Claudia Sheinbaum planteó: “… hay que recordar que es un regreso paulatino, no es que el 7 de junio regresen ya todas las actividades, igual como lo ha mencionado la Secretaría de Educación Pública, dado que es un regreso paulatino y voluntario, van a ir regresando poco a poco y, en efecto, también los trabajadores, tanto del Metro como otros trabajadores, pues se tiene que comenzar a hablar con ellos, sobre todo aquellos que ya están vacunados, para que puedan ir comenzando a regresar”.
Frente a las decisiones contradictorias, una: regresarán los alumnos a clases presenciales y dos: los trabajadores del Gobierno en veremos, se debe explicar cuáles son las razones para no llamar a laborar a quienes cobran como administrativos después de 15 meses de “home-office”.
Porque pareciera que los estudiantes sí están obligados a acudir a las aulas, aunque el ciclo escolar termine el día 21. Ante las críticas de los padres, de los maestros y de la sociedad en general, el criterio varió y se confirmó que la “asistencia presencial será optativa”.
La duda prevalece: si la Ciudad de México se encuentra en semáforo verde -salvo que el daltonismo político esté presente- ¿por qué los trabajadores no regresan a sus puestos habituales hasta antes de la pandemia?
Y enseguida se tiene que plantear: ¿acaso la salud de los trabajadores está por encima de la de los alumnos?
Las quejas son en diversos sentidos. El que más peso tiene es que las instalaciones del sistema educativo de la capital del País no se encuentran en condiciones para recibir al alumnado después de 15 meses de estar cerradas. No están sanitizadas, falta limpieza en los drenes, se carece de espacio suficiente para mantener la sana distancia. Otro y de enorme peso: los niños no permanecen con los cubrebocas permanentemente colocados.
¿Quién impedirá que se los arranquen cuando estén corriendo en los patios de las escuelas?
No se ha informado si los alumnos tendrán o no recreo. Se presumiría que sí, por tratarse del “regreso a la normalidad”.
La información difusa, por cierto, se perdió en el mundo de las encuestas, los momentos de “reflexión” y la espera para acudir a las urnas. Sin embargo, es de suma importancia por tratarse de los alumnos, a quienes se les quiere aplicar el semáforo verde a rajatabla, aunque a los trabajadores del gobierno se les concede el privilegio de regresar paulatinamente.
Los epidemiólogos han señalado que el semáforo verde implica la reactivación en todos los sentidos. Si a los restaurantes se les amplió el aforo, a los cines la capacidad de venta de boletos, a las plazas comerciales operan en sus horarios normales ¿por qué los trabajadores del Gobierno de la Ciudad no se reincorporan de lleno a sus actividades?
El contraste: se reiniciarán las clases presenciales el 7 de junio. Y el alud de críticas hizo recular a la jefa de Gobierno y aceptar las condiciones de la secretaria de Educación: no será obligatorio. Seguramente el presidente se irritó porque, en sus mañaneras, confirmó que el regreso sería obligatorio. Al siguiente monólogo corrió.
Lo cuestionable es el haber confirmado el retorno a clases presenciales mientras a los trabajadores del gobierno capitalino se le concede el privilegio de hacerlo de manera escalonada.
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