Por Alfredo Mejía Montoya
Todas las mañanas, de todos los días, después de treinta meses, hemos escuchado una diversidad de temas desde la tribuna mayor del país; son tantos, que parece que no tienen orden, y en verdad no; y parece que no hay seguimientos, tampoco; ni se conocen metas, objetivos ni resultados. Son tan diversos los temas que los oyentes, no le encuentran sentido hablar hoy de un tema, mañana de otro, y no volver a tocarlos jamás. Bueno el ataque a los medios de comunicación a periodistas y escritores de la historia social del país, son constantes, y todo por no estar de acuerdo con las políticas u ocurrencias de todos los días del inquilino de palacio. No es obligatorio, ¿o sí? La forma de disentir debiera ser tomada en cuenta y tratar de analizar, si los que están errados son los de enfrente o los de adentro de la caja de pandora.
Treinta meses y seguimos igual, primero todo se basaba en el pasado. Lo que estaba mal en el país era culpa de las anteriores administraciones, que la corrupción era la causa de todos los males. Que en el pasado eran los neoliberales los que generaban empleo, los que invertían, los que hacían que el país creciera a un ritmo del 2.5% del PIB cada año por lo menos, los que hicieron que el pueblo, que no tenía seguridad social, tuviera por lo menos el Seguro Popular (SP), sí, esos neoliberales de la corriente política e ideológica que promueve el liberismo o liberalismo de tipo económico y la concepción del Estado mínimo, se concentraban exclusivamente en la libertad del mercado, que deja de lado la dimensión de la reivindicación del liberalismo político clásico de asegurar los modernos derechos individuales, civiles y políticos de los ciudadanos en el Estado. Desprovisto también de aquella dimensión del liberalismo contemporáneo aliado con la democracia en la promoción de derechos al sufragio universal y derechos sociales, esto es, a la no reelección política. Ese neoliberalismo atacó, desde su postura crítica, al Estado interventor o empresario por despilfarrador, de política corporativista y asistencialista ineficiente, del poder político ineficaz. Lo anterior en nombre de libertades individuales del mercado, libertades de libre empresa, es decir, simplemente evolucionando al compás del concierto internacional de las naciones.
No debemos soslayar que tratándose de “libertades individuales” es importante poner de relieve que el problema para la democracia está en que dichas libertades fueron y son reclamadas por el neoliberalismo como si fueran “derechos naturales”, esto es, derechos fundamentales intocables y universales reconocidos a la persona en cuanto ser humano, esto es, a la par de los derechos a la vida y a las otras libertades individuales, que la misma Carta Magna enuncia en su apartado de garantías individuales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad, etc. Por lo que no deben ser limitados u obstaculizados por parte del poder político ni de otro tipo.
Claro, no se pretende equiparar entre tipos de derechos o libertades de carácter distinto: los “derechos/libertades” o “de expectativas” que son libertades (derechos) esenciales para la democracia, con los “derechos/poder” de empresa, de tener propiedad, bienes, empresas, etc.) que son libertades propias del mercado, de la economía.
Confundiendo así los significados de los términos, la ideología hegemónica en el proceso de globalización económico/financiera también confunde y manipula a los ciudadanos con un discurso que “suena” inmediatamente a reivindicación legítima de libertades individuales fundamentales, de emancipación financiera y de autonomía ante el poder del Estado, con la cual aparentemente no se puede más que estar de acuerdo en un contexto democrático plural, pero sí dentro del contexto de una democracia participativa, como la que prevalece aún en nuestro país, y que esperamos que siga después de las elecciones más grandes de la historia democrática en México, con su respectiva evolución, inevitable.
De ahí desprendemos que, la vida política del país corre por cuerda separada de los movimientos económico/financieros a los movimientos políticos del estado. Y es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador el que pretende desaparecer a más de uno de esos agentes económicos que, a través de los años, sin ocurrencias, han invertido en el país, promoviendo polos de desarrollo, creando empresas, generando empleos, ingresos personales, impuestos, y coordinación entre las cadenas de valor con el valor agregado en cada una de las zonas en las que se establecen.
Y las voces que se escuchan en palacio nacional son inequívocas de improvisar un rompimiento al estatus político que prevalece hasta ahora. Ya que López Obrador ha sido reiterativo en manifestar que no está buscando la reelección. Precisamente porque lo protocolizó ante un Notario después de que gano las elecciones en 2018.
Prácticamente cualquier ciudadano puede afirmar y firmar ante la fe pública que no hará tal o cual cosa, como si la escucha y fe pública del notario tuviera fuerza coercitiva de impedir que haga lo contrario a lo que firmó y afirmó. Resulta irrelevante e intrascendente. Simplemente lo que protocoliza un notario, no es ley, no debe contravenir a la ley, que es diferente. Por lo tanto, dicha afirmación no contiene las características más importantes de una ley, que son la obligatoriedad y la generalidad, en consecuencia, dicha circunstancia de hechos no da derechos… a nadie, incluidos los ciudadanos, que no podemos exigir a que respete dicha afirmación. ¡Vaya, si no respeta ni hace respetar la Constitución, menos lo va a detener una simple afirmación ante notario!
Sin embargo, si está buscando como en laboratorio, el antídoto para extender su mandato, cuando la misma Constitución establece el principio Maderista de la no reelección; donde su artículo 83 dispone que “El presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto” (sic).
Efectivamente ha hecho pruebas, obviamente con su equipo y correligionarios del partido oficialista, recordemos la llamada ley Bonilla, la cual otorgaba la ampliación de su mandato al gobernador de Baja California de dos a cinco años, y que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fracturó ese andamiaje de reelección de cuarta.
Otro intento se plasma, de nueva cuenta, en un transitorio a las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF), al tratar de extender el mandato 2 años más, al término de 4 años que establece la Carta Magna en tratándose del presidente de la SCJN. Ley que seguramente aún esta guardada en algún cajón de palacio, puesto que López Obrador no la ha mandado publicar al Diario Oficial de la Federación (DOF), ni se ha pronunciado sobre su Veto.
Y ante pregunta expresa en “la mañanera” del 12 de mayo, en la cual se le recordó que él había afirmado ante notario a no reelegirse y se le preguntó ¿si estaría dispuesto a firmar también un compromiso de no ampliación de mandato? (sic) a lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador “No, no va a haber reelección, no va a haber reelección, si eso es también lo que les preocupa” (sic).
Como no nos va a preocupar, si hace ocho años, también dijo, “para la presidencia en 2018, a mi denme por muerto” y aquí está de primer mandatario, con el respaldo de un buen número de votantes, no es que no le queramos creer, lo mejor es respetar los principios constitucionales.
Mientras tanto, ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, abandonemos la zona de confort política y con extrema civilidad y respeto acudamos a las URNAS A VOTAR el 6 de junio, para patentizar así lo que realmente queremos para México y su futuro.
¡Viva México!
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