Por Jesús Michel Narváez
Ser nihilista es la postura de todos aquellos que se niegan a aceptar la realidad y buscan disfrazarla con afirmaciones que caen por su propio peso.
Tres estados del país concentran la violencia: Guanajuato -gobernado por el PAN-, Jalisco -por Movimiento Ciudadano- y Veracruz -por Morena-, y sus mandatarios niegan su existencia. En el caso de Jalisco, en donde se vive una ola de violencia quizá no vista desde hace una década, Enrique Alfaro -bravucón como siempre- sostiene que “no hay focos rojos” en la entidad. Reconoce, sin embargo, que el crimen organizado pretende influir en las elecciones del 6 de junio.
¿Pretende?
Es un sofisma.
Intentar tapar el sol con un dedo o con el cubrebocas, no evitará que en la zona Metropolitana de Guadalajara se borren los secuestros, las balaceras, los asesinatos y las extorsiones. Tampoco que en decenas de municipios más allá de la ZMG, los criminales controlen lo mismo a presidentes municipales que a jefes de la policía y secretarios de obras.
Guanajuato, por ejemplo, en donde Diego Sinhue Rodríguez dice gobernar, se manifiesta la presencia y lucha del CJNG que busca, junto con Michoacán, controlar las plazas. Celaya es el municipio en donde más masacres se han registrado en los últimos 112 meses y no ha habido resultados policiales que presupongan que podrán frenar la ola de violencia.
Veracruz, con Cuitláhuac García al frente del gobierno, está inmerso en la violencia criminal y política. Se multiplicaron los homicidios en contra de aspirantes a cargos de elección popular o bien de los que están gobernando alguno de los 213 municipios.
Michoacán no canta mal las rancheras. Con Silvano Aureoles al borde del colapso político y la presencia de cuando menos siete cárteles criminales, la zona de Tierra Caliente es insegura en la máxima expresión. El desplazamiento de miles de personas, es una realidad.
Los mandatarios culpan -y con razón- al gobierno federal por no ejercer a plenitud la “fuerza del Estado” para contener las acciones del crimen organizado. Ello ha redundado en que la llamada Guardia Nacional, creada para frenar las incursiones y ejecuciones de los cárteles del narcotráfico, pero con funciones de “muro de contención para inmigrantes”, no esté con la suficiente presencia en los sitios en donde la violencia no cede y por el contrario se incrementa.
Mucha de la culpa de que, en diferentes entidades, además de las mencionadas, los criminales encuentren tierra fértil para ejecutar sus fechorías, es de los gobernadores que, en su momento, solapan la presencia e influencia de los que, de facto tienen el poder. No es secreto y si lo es tiene mucho eco, que algunos ejecutivos estatales tienen nexos directos con los jefes de los cárteles que, en muchas ocasiones, “colaboran” en las campañas electorales que llevan a los personajes al poder estatal.
Ahora, empero, se niega que en entidades con alertas -desde Estados Unidos y la Unión Europea- y focos rojos encendidos, sean peligrosas.
Alfaro y Aureoles son de los gobernadores que dicen “tener bajo control sus entidades”, cuando la realidad demuestra que están bajo el yugo de los criminales.
Son los clásicos nihilistas que niegan todo, salvo lo que les conviene. Y como no es atractivo reconocer la ineficiencia, como lo hace el presidente López un día sí y otro también, culpan a los otros de no garantizar la seguridad, la vida y los bienes de sus gobernados. También es tiempo de que los electos por los ciudadanos de los estados, asuman su responsabilidad.
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