Instituciones nacionales de derechos humanos de varios países de América Latina, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), instaron a los Estados de la región a «redoblar esfuerzos» para proteger a las personas migrantes, en el décimo aniversario del hallazgo de las fosas clandestinas en Tamaulipas.
Las instituciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y México recalcaron que las violaciones de los derechos humanos de los migrantes persisten, algo que los Estados no deben permitir, indica un comunicado conjunto con ACNUDH.
En este sentido, recordaron la necesidad de garantizar a las víctimas «sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos somo los de San Fernando no se repitan».
Hace justo una década ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia migratoria en México con el asesinato de 58 hombres y 14 mujeres de diversas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
En abril de 2011, en San Fernando, en Tamaulipas, ocurrió uno de los sucesos más escabrosos de la historia migratoria de México cuando se hallaron 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos de personas de distintos países de Centroamérica, un año después de la masacre de 72 personas también migrantes en el mismo municipio.
La matanza fue atribuida al cártel de los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, si bien el episodio no ha sido hasta la fecha resuelto con claridad.
Sin embargo, no fueron las únicas masacres en la zona, pues sucedieron hechos similares en Cadereyta (Nuevo León) en 2012, en Güémez (Tamaulipas) en 2014 y recientemente en Camargo (Tamaulipas) en enero de 2021.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) ha emitido recomendaciones relacionadas con varias de las masacres citadas y está investigando los hechos ocurridos en Camargo, aunque los familiares de las víctimas de todas las masacres siguen «en búsqueda de verdad».
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, desde 2011, ha abierto expedientes, realizado acompañamientos psicosociales a las familias y registrado los casos en el mecanismo interinstitucional del Banco de Datos Forenses de Migrantes no Localizados de El Salvador, entre otras cosas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras ha realizado acciones de acompañamiento a insta a las autoridades pertinentes a actuar de manera contundente, lo mismo que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, que visibiliza la problemática ante la sociedad, aseguraron en el comunicado.
«La situación de riesgo que enfrentan las personas migrantes en tránsito no ha mejorado en los últimos años. A lo largo de estos 10 años, las entidades firmantes han registrado numerosas denuncias sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes, relataron.
Por último, expresaron la necesidad de la creación de una Comisión Especial de Investigación a través de la que expertos nacionales e internacionales apoyen a las autoridades mexicanas en la investigación de los hechos con perspectiva regional.
