El gran problema de México en materia de seguridad es el cambio de políticas cada seis años. Esto hace que las estrategias, inclusive las instituciones, se modifiquen constantemente y empiecen los planes de cero. Pero la delincuencia organizada no cede, tiene objetivos claros y metas transexenales. Ese es el verdadero problema al que se enfrentan los gobiernos estatales, municipales y el federal, aseguró Verónica Torres Landa Castelazo, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP)
Al participar en el foro Segurity e-Volution, organizado por Prosegur Segurity, una de las 117 empresas que conforman la AMESP, destacó que cada seis años se reinventan las estrategias e instituciones para abatir a la delincuencia y ésta continúa y continúa con mucho mayor fuerza y multiplicación, porque antes nada más eran cárteles que se dedicaban al tráfico de drogas o al narcomenudeo y hoy son grupos que dominan territorios e incluso toman decisiones. Esto lo hace mucho más complejo y difícil de atender.
En la reunión, en la que participaron especialistas de España, México y otras naciones de América Latina, comentó que la seguridad pública actualmente se atiende en nuestro país, a través de la Guardia Nacional, que cuenta con 319 mil efectivos en el territorio nacional. Los integrantes de este nuevo cuerpo de perfil militar son: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y los miembros de la extinta Policía Federal, perteneciente a la también extinta Comisión Nacional de Seguridad, pero atienden todo, incluyendo 27 tareas civiles. Desde construcción de obra pública, proximidad, inteligencia, seguridad, Estado de derecho, puertos, batalla contra el sargazo, desastres naturales, apoyo a programas del bienestar, distribución de libros, atención a crisis sanitaria, contención y atención a los migrantes, entre otros. En suma, una multiplicidad de funciones, pero hoy no han logrado disminuir la delincuencia común ni la organizada.
Lo anterior ha dado pie, explicó la directora ejecutiva de AMESP, al crecimiento en la demanda de seguridad privada, la cual también en México es muy compleja porque hay 3 mil 400 empresas que aparentemente existen en el país, pero la verdad es que nadie sabe cuántas hay en México, ni las autoridades federales, ni las estatales o municipales.
“Tenemos entre 700 y 800 mil trabajadores en seguridad privada, las más importantes se agrupan en la AMESP, que cuenta con 117 afiliados y en ASUME que agrupa a 32 asociaciones de seguridad privada”.
La seguridad privada, explicó, forma parte del triángulo de la seguridad en México, la cual integran también la seguridad pública y la seguridad nacional. La seguridad privada coadyuba directamente con ambas y proporciona servicios y equipamiento a las fuerzas armadas, por ejemplo, aporta el 1.8 del producto interno bruto, por lo tanto, ya es un referente en seguridad y desarrollo nacional.
Además, la seguridad privada posee grandes fortalezas como el aumento constante de servicios de seguridad, contar con cada vez más y mejor tecnología en especial en materia de ciberseguridad, traslado de valores, monitoreo de alarmas y protección de infraestructuras. Esto pone de relieve que la seguridad privada no sólo son guardias, sino es el acompañamiento integral en una estrategia de seguridad y protección.
Sin embargo, reconoció, también existen debilidades en el sector de la seguridad privada como la alta rotación en su personal, mucha informalidad por falta de capacitación, desconfianza y una excesiva regulación, porque hoy la rige la Ley Federal de Seguridad Privada, leyes de seguridad privada en cada estado y, en algunos casos, en ciertos municipios. Esto es un problema y una tortuosidad para los prestadores de servicios y un aliciente a la corrupción.
Verónica Torres Landa Castelazo, recordó que en 2012 se fundó la AMESP y en 2013 ASUME y a partir de ahí fue cuando los empresarios visionarios de la seguridad privada buscaron posicionar a esta como un ente prioritario para la seguridad y pacificación del país.
Para constituir una asociación democrática, se buscó que prevaleciera el espíritu de las empresas de seguridad privada para enaltecer la importancia del sector. Lo que ha hecho la AMESP es democratizar la seguridad privada. No hay conflicto de intereses sino una unidad en la visión que busca fortalecer el sector de la seguridad privada. “La AMESP es una representación seria y comprometida que se hace escuchar y sabe ayudar tanto a asociados como autoridades”.
Como objetivos prioritarios de esta Asociación están: impulsar la creación de una Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada y llevar a la seguridad privada a la Constitución de la República para generar la Ley General de Seguridad Privada que busca abatir a todas estas leyes mínimas que existen en diferentes estados de la República y que promueven la corrupción, el burocratismo y dañan la eficiencia empresarial en demerito de los intereses de los usuarios.
AMESP, también tiene entre sus objetivos la capacitación constante y profesionalización de los integrantes de este importante sector y busca afiliar a todas aquellas empresas que tengan permisos federales, permisos estatales. Es una asociación que no busca tener asociados nada más por tenerlos, sino que cumplan con la normatividad, que estén legalmente establecidas.
Es por lo tanto importante destacar que denota confianza el saber que una asociación como ésta avala a las empresas que prestan sus servicios y que genera mucha más empatía a las que forman parte de una asociación, concluyó
