La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana tiene un nivel de impunidad de 95,1 % de los casos, reveló este miércoles un informe de la asociación México Evalúa.
«Esto implica que solo el 4,9 % de los casos conocidos en el ámbito federal recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de judicialización con una sentencia o bien de una salida alterna o anticipada», detalló la investigación.
La asociación presentó el informe «De procuradurías a fiscalías: Observatorio de la transición 2020» en el que analiza la eficacia de la FGR tras su creación con la Ley Orgánica de la Fiscalía de 2018, que le otorgó autonomía legal frente al Gobierno mexicano.
La investigación encontró que 39 % de las resoluciones de la FGR en 2019 se fueron a archivo temporal, 9 % tuvieron «resoluciones por incompetencia» y en 4 % el Ministerio Público se «abstuvo de investigar».
Además, el documento solo encontró 0,7 % de acuerdos reparatorios en las resoluciones, pese a que la reparación del daño ha sido prioridad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El informe también detectó una disminución de 8 % en el personal de la FGR, al pasar de 22.825 trabajadores en 2018 a 20.904 en 2019.
Afirmó además que la Fiscalía aún mantiene «estructuras burocráticas rígidas» de su época como procuraduría.
«Una consecuencia de esta forma de organización es que las competencias entre las diferentes estructuras se traslapan y suelen existir conflictos de competencia en detrimento de las víctimas», advirtió.
La pesquisa se difunde en un contexto en el que el Congreso aprobó el 22 de abril la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), criticada porque disminuye su responsabilidad de búsqueda de personas desaparecidas e ignora las exigencias de las asociaciones ciudadanas de víctimas.
México afronta una crisis con más de 86.000 personas desaparecidas desde 1964 y ha registrado los dos años más violentos de su historia con 34.681 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.
Aunque la FGR se creó para ser independiente, el reporte de México Evalúa puso en duda la «autonomía política» del organismo y del fiscal, Alejandro Gertz Manero, cuestionado por su cercanía al presidente López Obrador.
