Por Nidia Marín
Desde mediados del siglo XX, hasta lo que va del XXI, México ha estado dando maromas jurídicas en cada sexenio para borrar en el horizonte la posibilidad remota de una dictadura.
Sí, los mexicanos como los toreros hemos estado tratando de evitar el totalitarismo.
Aquellas machincuepas, sólidamente fundamentadas a veces y en otras no tanto, por estudiosos, juristas y conocedores de las reglas, las normas, las leyes, las reformas, dieron los resultados esperados para evitar dictaduras, fueran partidistas o de una sola persona, hasta que… se toparon con pared.
La contención que hubieron de hacer desde los poderes Legislativo y Judicial para evitar los excesos del Ejecutivo en turno durante los últimos 10 gobiernos ha sido digna de encomio.
Y esto no cambiará. Por el contrario, la intromisión desvergonzada del Ejecutivo en los otros poderes, nadie duda, hoy será fuertemente combatida no sólo dentro de la República sino en todas las Cortes internacionales aunque, ya lo sabemos, al principal actor de las amenazas no le importe la censura proveniente de organizaciones internacionales.
Hasta hace poco, México no estaba catalogado entre los países que enarbolara una mayor concentración de poder en el judicial y se corriera el riesgo de caer en una eternización.
Había pues, en América Latina (señalan los expertos) cinco diferentes modalidades de nombramiento: la primera que concentra la facultad de nombrar en un único actor político; la segunda distribuye la capacidad para nominar (proponer) a los candidatos y la decisión final sobre el nombramiento (o aprobación de los candidatos) entre dos actores diferentes; la tercera dispersa el poder de nominación o nombramiento entre múltiples actores que participan en cada instancia; la cuarta exige que diversos actores políticos, en forma individual e independiente, nominen y nombren a un número determinado de la totalidad de los integrantes, y la quinta define la composición a partir de actores ya constituidos.
Los miembros de las cortes supremas siempre se han nombrado por medio de alguna de las tres primeras modalidades, mientras que los miembros de los tribunales constitucionales también se han elegido utilizando las modalidades restantes, afirman los expertos.
Pareciera que hoy, en México, se trata de establecer no solamente justicia a modo como camino para que el mandatario en turno se eternice en el poder, sino también para un posible mandato vitalicio en los jueces (afines a su persona), sólo que, en América Latina, el mandato vitalicio no ha garantizado a los magistrados una duración superior en el cargo a la obtenida por otros colegas con mandatos relativamente largos, ya sea que éstos tengan la reelección permitida o no.
Ciertamente, cuando los magistrados disfrutan de mandatos vitalicios, la renovación de las cortes no puede lograrse fácilmente por una vía estrictamente legal y los gobernantes a menudo inducen la salida anticipada de los jueces por medios que trascienden el marco estricto de la constitución.
En el caso de México de hoy el Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, exige la ampliación del mandato para quien encabeza el Poder Judicial, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.
¿Ocurre cuándo nos estamos acercando a grandes zancadas (que podrían ser de tres años), para llegar a ser una dictadura? Es pregunta.
Sucede, cuando desde el ala partidista dominante se politizan los departamentos judiciales generando justicia a modo para el mandamás.
Sí vamos en ese rumbo, cuando se elaboran leyes al fast track y la propaganda oficial domina.
Hay países que han introducido salvaguardas para preservar la independencia judicial, lo que ha tenido una repercusión positiva en la operación de los poderes legislativo y judicial como contrapesos al poder ejecutivo. Es un tema para los expertos, pues.
