Extensión de mandato de Zaldívar es “una falta de respeto a la Constitución”, coinciden siete ONG

Siete organizaciones civiles se pronunciaron en contra de la decisión del Senado de la República para ampliar dos años más el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e hicieron un llamado a la Cámara de Diputados a corregir la normativa aprobada por su colegisladora.

Consideraron que “a juicio de muchos especialistas en la materia, (lo aprobado por los senadores) constituye una falta de respeto a la Constitución y un imperdonable descuido de técnica legislativa, al suponer que el artículo transitorio de una ley general puede sustituir lo dispuesto en dos artículos constitucionales”.

Consejo de la Judicatura se deslinda de reforma que amplía mandato en la SCJN

México SOS, la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, los ciudadanos invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública, Reinserta, Ficosec, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México emitieron su posicionamiento a través de un comunicado.

Su denuncia se suma a voces como la de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, quien el domingo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazaba la independencia judicial en el país. Y es que el ministro Zaldívar es un personaje cercano al primer mandatario, que cuenta con mayoría en la Cámara alta.

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, advirtió que la extensión del mandato de Zaldívar no podrá transitar, “ni aun cuando fuera aprobado y promulgado”.

El jueves pasado, la mayoría de Morena en el Senado aprobó una reforma al Poder Judicial que crea su nueva Ley Orgánica y la Ley de la Carrera Judicial para erradicar la corrupción y el nepotismo entre jueces y magistrados, con sanciones que van desde el retiro del cargo hasta 20 años de prisión, acciones que aprueban las organizaciones firmantes.

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